Tras permanecer ocho meses en prisión, los tres jóvenes que fueron detenidos en relación a los incidentes que tuvieron lugar tras una manifestación en Iruñea en contra de la represión han quedado en libertad condicional.

Así lo ha decidido la jueza Carmen Lamela, que está a cargo de la causa en la Audiencia Nacional española. La cuestión no está cerrada, y los jóvenes tendrán que afrontar un juicio. Mientras, permanecerán en libertad.

Lamela afirma en su auto que «el hecho de que la instrucción esté prácticamente concluida determina la nula posibilidad de que los investigados puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba».

Así lo explica la magistrada en un auto redactado en respuesta a la solicitud de libertad provisional realizada por los abogados de los jóvenes, que deberán comparecer semanalmente en el juzgado. También tienen prohibida la salida del Estado español sin previa autorización judicial, medida a la que se suma la retirada del pasaporte.

En declaraciones a NAIZ, Patxi Petrirena, integrante de la plataforma Etorkizunaren Alde, saludó la decisión judicial, y reconoció que el hecho de que las doce personas llamadas a declarar la semana pasada quedaran en libertad «despertó las esperanzas» de los allegados de los  jóvenes de Errenteria. Tres estudiantes que han visto paralizada su vida durante los últimos ochos meses.

La detención de los tres jóvenes, así como la de otro menor, se produjo el 11 de marzo, al término de una marcha contra la represión. Dos días después, el juez instructor de Iruñea decreto el ingreso en prisión y dejó el caso en manos de la Audiencia Nacional por considerar que podría tratarse de un delito de «terrorismo», hipótesis ratificada tres meses después por el Tribunal Supremo español. Desde entonces han sido muchas las muestras de apoyo a los imputados, que han conseguido unir a políticos y sindicatos de diferentes ideologías.