Roberto Fernández, presidente de la CRUE, ha manifestado que «no parece que las notas fueran las correctas, no aparece el trabajo ni parece que se hubiera hecho la defensa» del mismo, lo cual es un conjunto de presunciones y de hipótesis que, si fueran confirmadas, supondrían «una grave irregularidad universitaria».

En una comparecencia en una sala abarrotada de periodistas en la sede de la CRUE, Fernández ha destacado que en el curso de su intervención, los observadores no han hallado una parte de los documentos solicitados del expediente del máster de Derecho Público del Estado Autonómico, supuestamente realizado por Cifuentes.

Además, los observadores destacan que no se han efectuado la totalidad de comparecencias previstas, ya sea por petición de aplazamiento o por presentación de una excusa médica. Los observadores, según Fernández, achacan toda esta falta de documentación a la interrupción del procedimiento de información reservada en la Universidad Rey Juan Carlos, decisión adoptada «al poner a disposición del Ministerio fiscal dicho expediente al haber encontrado indicios racionales de delito, evitando así interferir en la investigación de este órgano judicial».

El presidente de la CRUE ha asegurado que aunque el rector de la URJC, Javier Ramos, pudo hacer unas primeras declaraciones «algo precipitadas», sí cree que ha sido acertada la apertura del expediente informativo y que la Universidad recurriera a la Fiscalía tras tener «fehaciente conocimiento de que podía haber irregularidades administrativas susceptibles de ser tipificadas penalmente».

Ha defendido asimismo que el comportamiento de las universidades y sus universitarios «han sido y es ejemplar». Ahora bien, «como cualquier institución que alberga a miles de personas, es posible que se produzca alguna actuación incorrecta de forma puntual»