En la movilización se ha destacado que Gulina y Osés no son los únicos vecinos de Burlata que han denunciado haber sido objeto de tortura, ya que son una veintena de hombres y mujeres los que se encuentran en esta situación. Curiosamente, un mural pintado en esta localidad para denunciar la práctica de la tortura y que fue borrado por órdenes de la Delegación del Gobierno español se ha convertido en un símbolo.

Ambos están acusados de hechos que se registraron hace más de once años y se enfrentan a peticiones de 18 y 23 años de prisión. Todos los jóvenes que fueron detenidos en el marco de la operación que dio origen a este sumario, el 3/2009, denunciaron haber sido torturados. Eran seis vecinos de Burlata.

«La tortura es utilizada para causar pánico entre la población civil y buscar inculpaciones donde no se pueden encontrar culpables», han destacado los organizadores de la movilización.

En este sentido, han recordado que «las denuncias por torturas sobre ciudadanos y ciudadanas vascas han sido una constante, como lo reflejan los miles de testimonios recogidos o la decena de ocasiones que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha castigado al Estado español por no investigar esa práctica tantas veces denunciada».

«Bajo el manto de una legislación especial que considera terrorismo todo aquellos que vaya contra el discurso oficial, en Euskal Herria se ha torturado, se han cerrado medios de comunicación, se ha encarcelado a personas por opinar, por manifestarse, condenando a larguísimas condenas. Es bajo el manto de esa legislación especial, en un tribunal especial y con testimonios arrancados bajo el tormento como se pretende juzgar a nuestros vecinos Iñigo y Jotas», han añadido.

Los ayuntamientos de Burlata, Tafalla y Agoitz han aprobado mociones en las que muestran su apoyo a los encausados y en las que se exige que no se usen como pruebas las autoinculpaciones obtenidas bajo tortura.