El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha decretado este jueves el estado de excepción en respuesta a la ola de protestas desatada en contra del último paquete de reformas económicas, que plantea la eliminación de las ayudas al consumo de combustible y la liberalizacion de precios.

Moreno ha denunciado en un discurso público los «focos de violencia» creados en el marco de las movilizaciones, que, a su juicio, «pretenden desestabilizar el Gobierno». «Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios», ha advertido.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha explicado en una comparecencia posterior ante los medios que la medida estará en vigor durante un plazo inicial de 60 días susceptible de ser ampliado y ha citado entre sus objetivos la necesidad de «despejar las vías» y garantizar el desarrollo de actividades esenciales.

Romo, que ha confirmado la detención de al menos 19 personas, ha recordado que «paralizar servicios públicos está prohibido por la Constitución y está penado por el Código Penal» y ha dejado abierta la posibilidad de adoptar medidas contra los responsables de altercados.

En esta misma rueda de prensa, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ha subrayado la necesidad de actuar contra las actividades que «distorsionen el orden y la paz social», de tal forma que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas estarían capacitados para adoptar las acciones que se consideren oportunas.

Las protestas están encabezadas por el sector del transporte, pero a ellas también se han sumado varios sindicatos, grupos estudiantiles y movimientos indígenas. La movilización ha provocado cortes de carreteras y bloqueos en Quito y en Guayaquil, con momentos de tensión en la capital cuando un grupo de manifestantes ha intentado avanzar hacia la sede del Gobierno.