La Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya ha autorizado este jueves una investigación para examinar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por tropas de EEUU, por la guerrilla talibán y por las Fuerzas de Seguridad afganas.

Una sala de apelaciones ha decidido dar la razón a la Fiscalía y anular una resolución anterior de otra sala del tribunal, que en abril de 2019 rechazó dar luz verde a la investigación.

El juez presidente de la sala de apelaciones, Piotr Hofmanski, ha criticado duramente la decisión del año pasado tomada por una sala de cuestiones preliminares, que adujo que la investigación «no serviría a los intereses de la Justicia» porque las perspectivas de éxito de la Fiscalía eran «extremadamente limitadas».

La única función de los jueces de la sala de cuestiones preliminares era «considerar si había una base fáctica para proceder con la investigación», ha recordado el juez Hofmanski, y si la CPI tenía jurisdicción sobre los crímenes, requisitos que se cumplen en este caso.

Amenazas de Washington

La Haya rechazó en primera instancia abrir esa investigación en medio de presiones y amenazas de Washington. Una semana antes, el Gobierno estadounidense negó el visado a la fiscal del caso, Fatou Bensuda.

El abogado personal del presidente Trump, Jay Sekulow, denunció a la procuradora por «atacar directamente los intereses americanos».

Los EEUU, que siguen sin ratificar el Estatuto de Roma –carta fundacional de la CPI– anunciaron un mes antes, en marzo de 2019, sanciones sin precedentes contra esta instancia internacional, incluidas las restricciones de visados, contra toda persona «directamente responsable» de una eventual investigación «contra militares americanos».

La fiscal Bensuda se mantuvo firme y apeló en setiembre el veredicto en primera instancia, duramente criticado por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Hoy, el juez les ha dado, a ella y a estas, la razón.

La cuestión de la jurisdicción

Según el sumario de la Fiscalía, «miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos cometieron los crímenes de guerra de tortura y trato cruel, atentados contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual» en el marco del conflicto desde el 1 de mayo de 2013.

La misma acusación añade que hay una «base razonable» para creer que «miembros de la CIA» cometieron los mismos delitos en Afganistán y en otros tres Estados –Polonia, Rumanía y Lituania– contra detenidos en Afganistán acusados de terrorismo.

Esos países de Europa del Este, que al igual que Afganistán son firmantes del Estatuto de Roma, albergaron centros secretos de la CIA entre 2003 y 2006 y por ello están bajo la jurisdicción del Tribunal de la Haya.

Por otro lado, la Fiscalía acusa a los talibán de provocar al menos 17.000 víctimas civiles mortales en ataques contra escuelas, oficina del Gobierno, hospitales, santuarios, mezquitas y organizaciones humanitarias. Y de hacerlo tras «reivindicar públicamente  su política de ataque a civiles  en documentos oficiales".

Respecto al Gobierno de Kabul, la mayoría de acusaciones se refieren a supuestas torturas cometidas por el Ejército y la Policía contra detenidos.