![Un camión atraviesa el arco del peaje de la N-1 en Andoain (Jon URBE/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/706/969/article_main_landscape/peaje.jpg)
La Diputación de Gipuzkoa, por boca la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha anunciado que continuará cobrando por el uso de las vías a los vehículos pesados, tal y como lo ha venido haciendo desde enero del 2018, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha vuelto a anular, por segunda vez, los peajes para transportes de mercancías por carretera establecidos por Gipuzkoa al paso de las carreteras N-I y A-15 por su territorio.
En una nota, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) ha explicado que el alto tribunal de la CAV ha adoptado esta decisión en una sentencia en la que «reproduce» los mismos argumentos recogidos en la primera oportunidad –en abril de 2018–, al entender que el régimen de peajes establecido en Gipuzkoa «produce una discriminación indirecta del transporte de tránsito» respecto del tráfico interior y «vulnera el principio de no discriminación» marcado por Europa.
La normativa ahora anulada introdujo una serie de cambios en el diseño general inicial para hacer frente a la interpretación que llevó al TSJPV a tumbar la primera norma, que se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo y aún pendiente de la decisión de este órgano.
A la espera aún de que el TS se pronuncie sobre este asunto, el TSJPV ha anulado nuevamente la segunda norma foral, al entender que se trata de una versión «maquillada» de la primera, según explica Fenadismer.
Esta federación de transportistas recuerda que, a pesar de la anulación de la primera norma, Gipuzkoa elaboró una segunda y la Diputación continuó exigiendo durante estos dos años el cobro de peaje a «los más de 10.000 camiones que diariamente transitan por ambas vías», dado que, por otra parte, la primera sentencia aún no era firme.
Una decisión que, a juicio de Fenadismer «ha supuesto una temeridad por las consecuencias económicas que pueden derivarse» ahora de «la posible devolución de todo lo recaudado a los transportistas afectados».
En su comunicado, esta federación valora la nueva sentencia del TSJPV, porque estima «los principales argumentos» planteados por las asociaciones de transportistas, y confía en que la Diputación de Gipuzkoa «paralice en esta ocasión el cobro del peaje hasta que el Tribunal Supremo resuelva» el caso.
Sin embargo, la respuesta por parte del ente foral ha sido inmediata y Oiarbide ha indicado que la sentencia no es firme ni plantea medidas cautelares, por lo que la Diputación de Gipuzkoa seguirá manteniendo la política de cobro por la que se apostó hace ya dos años con el objetivo de financiar el mantenimiento de este tramo tan transitado de la red viaria guipuzcoana mediante el cobro a los vehículos pesados. Se estima que diariamente circulan alrededor de 12.000 camiones por esta carretera.
La diputada ha anunciado asimismo que el ente foral presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días previsto en la sentencia.
Oiarbide se ha mostrado muy crítica con el sentido de la sentencia y ha remarcado que la citada Norma Foral 6/2018 fue redactada escrupulosamente, siguiendo la directiva europea que ordena el pago por uso en los ejes transeuropeos y tras obtener los avales pertinentes por parte de la Comisión Europea.
Según ha recordado, el proyecto de Norma Foral fue enviado a instancias europeas como paso previo a su aprobación en Juntas Generales y contó con el plácet de los responsables comunitarios.
Oiarbide ha negado asimismo, con rotundidad, que la Norma Foral sea discriminatoria con los transportistas no residentes de Gipuzkoa, como señala la sentencia. «El 40% de los transportistas usuarios de los peajes de la N-1 son procedentes de Gipuzkoa», ha afirmado.
Conservar facturas y posibles sanciones
Anticipándose a esta reacción por parte de la Diputación de Gipuzkoa, Fenadismer ha pedido a los transportistas «afectados» que «conserven tanto las facturas de los peajes abonados como de las posibles sanciones que se les haya impuesto», a la espera de que la resolución «sea firme» y «se abra, en consecuencia, la posibilidad de recuperar todo el importe recaudado más los correspondientes intereses legales de demora».
Fenadismer ha anunciado también que informará a sus «homólogas europeas sobre las consecuencias judiciales del fallo judicial, a fin de que transmitan a sus asociados la conveniencia de recopilar todos los pagos de peajes y multas abonados, para su posterior reclamación».
Recuerda además que desde el inicio de este asunto ya expresó su «rechazo» a los peajes en Gipuzkoa, al entender que «el sector del transporte por carretera ya contribuye sobradamente a las arcas públicas» del territorio «vía impuesto de hidrocarburos».
Por su parte, la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) ha «celebrado» el nuevo fallo del TSJPV que, a su entender, «pone de manifiesto la tremenda injusticia que se cometía al someter sólo a una parte del transporte de mercancías por carretera, procedente de fuera de Gipuzkoa, a estos peajes».
«Lamentablemente, mucho nos tememos que la Diputación foral de Gipuzkoa mantendrá, como ha hecho con sentencias similares anteriores, el cobro de los peajes en la A-15 y N-I», añade la CETM, para la que este hecho «responde a un injustificable e inaceptable afán recaudatorio» que «terminará por chocar con los intereses de todos los guipuzcoanos».
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