Merçona Puig Antich sólo tenía 14 años cuando su hermano Salvador fue ejecutado en la prisión Modelo de Barcelona bajo el macabro método del garrote vil. La sentencia al activista del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), que se materializó la mañana del 2 de marzo de 1974 después de ser acusado de la muerte de un agente de Policía, fue dictada por Carlos Rey González, a quien la Audiencia de Barcelona ha exonerado de cualquier responsabilidad esgrimiendo que, pese ser constitutivo de un delito de lesa humanidad, el hecho es anterior a la Ley de Amnistía de 1977. Merçona, que ya ha cumplido los 60 años, denuncia junto a sus tres hermanas –Carme, Imma y Montse– la falta de voluntad del Estado para terminar con la impunidad de la que gozan los criminales franquistas.

¿Esperaban que la Audiencia de Barcelona rechazara la denuncia que la familia y el Ayuntamiento de Barcelona interpusieron contra Carlos Rey González, el juez del Consejo de Guerra que condenó a muerte a Salvador?

Teníamos poca confianza, pues llevamos 40 años intentando que se haga justicia, pero siempre se utiliza una excusa u otra para no abordar los crímenes de la dictadura. Ahora ha sido la Ley de Amnistía del 77, una ley de punto y final que impide procesar y juzgar los responsables de estos episodios.

Rey González, que en 2013 ejerció la defensa de la exdirigente del PP Alicia Sánchez Camacho por el caso de espionaje «La Camarga», figura en la macrocausa que impulsa desde Argentina la magistrada María Servini. ¿Esto abre alguna vía para la esperanza?

Veremos qué sucede, aunque el número de casos es muy numeroso y las autoridades españolas siempre utilizan argucias para que estos criminales no tengan que declarar. Ni el PSOE ni el PP se han querido enfrentarse a ellos y sólo después de muchos intentos Servini podrá interrogar a Rodolfo Martín Villa, el ministro de Suárez que ordenó la carga policial del marzo del 76 en Vitoria, dónde murieron cinco trabajadores.

En su auto judicial, la Audiencia de Barcelona aduce que no procesa Rey González porque «la voluntad del pueblo español» es mantener la Ley del 77, como lo demuestra –añade– que «ha sido reafirmada en dos ocasiones por el Congreso de los Diputados». ¿Le sorprende este argumento?

Es escandaloso, porque una instancia judicial no puede hacer consideraciones políticas de este calibre. Pero la justicia española siempre actúa igual. Aunque las querellas cumplen todos los requisitos y están bien fundamentadas, se sacan de la manga cualquier resolución para evitar que prosperen. Un hecho que ha permitido, por ejemplo, que Utrera Molina, el magistrado que convalidó la condena a muerte de Salvador, o el mismo ‘Billy el Niño’, torturador franquista, hayan muerto sin rendir cuentas por su actos.

¿Qué vías tienen previsto explorar a partir de ahora?

Recurriremos al Tribunal Constitucional y, en función de lo que dictamine, iremos al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. De todas formas, Estrasburgo ya nos avisó que no puede interceder porque cuando se produjeron los hechos el Estado español no se había adherido al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1977), de forma que se libra de cumplir con sus preceptos.

Parecía que con el actual Ejecutivo PSOE-Podemos había alguna oportunidad de que el tema pudiera desencallarse…

De momento ya hemos visto cómo ha actuado ante la monarquía. Al final, nadie se atreve a abrir la carpeta de la dictadura ni a hacer tabula rasa con el sistema judicial, que está infectado de franquismo. Ni siquiera son capaces de emprender iniciativas de reconocimiento o reparación simbólica a las víctimas. Prefieren no tocar nada y señalarnos como los malos que queremos remover el pasado, cuando sólo exigimos justicia.