Pensionistas de Euskal Herria y de otros puntos del Estado español inician hoy en Bruselas una intensa agenda para demandar que se garanticen pensiones públicas, justas y dignas en la Unión Europea.

Los pensionistas llegaron a la capital europea tras un largo viaje en autobús que arrancó ayer a la tarde. «Estamos preocupados porque el Parlamento Europeo condiciona el reparto de los fondos de recuperación a reducir las pensiones públicas y promover las privadas», explicó en Bilbo el portavoz Jon Fano antes de partir a Bruselas, donde tienen previsto reunirse con distintos grupos parlamentarios y con una delegación de la Comisión de Empleo y Política Social de la Eurocámara.

Durante la movilización de la mañana en Bilbo, avanzaron que han remitido ya sus propuestas a todos sus interlocutores. Demandarán en el Parlamento Europeo «un cambio radical de las estrategias tanto europeas como estatales que están recortando las prestaciones de los sistemas públicos de pensiones en beneficio de planes privados de pensiones controlados por el sector financiero para su propio beneficio».

En su misiva, lamentan que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no recoja como derecho exigible a las administraciones públicas que garanticen una pensiones públicas suficientes que permitan condiciones de vida dignas.

Los pensionistas constatan, en este punto, que lejos de avanzar en ese objetivo, «se centran en reducir las prestaciones del sistema público de pensiones, prolongar la edad de jubilación y fomentar los planes privados», y citan como ejemplo de sus palabras las reformas de 2011, 2013 y auguran que «así será con la reforma de 2021».

No dudan en considerar el Libro Verde de las pensiones de la Comisión Europea como «una amenaza» contra los sistemas públicos de reparto y señalan a este órgano como «representante de los lobbies financieros».

Derecho fundamental

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones instan tanto al Parlamento como a la Comisión Europea a que «se blinde como derecho fundamental de la UE garantizar pensiones públicas, justas y suficientes que permitan acceder a unas condiciones de vida dignas y autónomas».

Reclaman, en este contexto, que se garantice el sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas como «un derecho igual para hombres y mujeres exigible a las instituciones de la UE y de los pueblos que la integran y priorizar este objetivo en la distribución de los fondos europeos».

La propuesta remitida recoge también que se refuerce la exigibilidad de la Carta Social Europea para garantizar tanto en pensiones mínimas como en salario mínimo el 60% del salario medio de cada país y la revalorización automática de las pensiones en función, como mínimo, del IPC real.

Reivindican, por ello, que se derogue la norma que «promociona planes privados de pensiones paneuropeo», así como que se adopten medidas efectivas para acabar con la elusión fiscal y los paraísos fiscales. Reclaman, además, que se socialice el crédito y el ahorro «fomentando el desarrollo de entidades financieras públicas».

Asegurar la financiación en todos los pueblos de la Unión Europea de los ingresos de suficiencia y la universalidad de servicios sociosanitarios y de atención a la dependencia de calidad y dar prioridad en la generación y distribución de los Fondos Europeos al logro de estos objetivos son otras de las demandas que trasladarán a los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo y a la representación de la Comisión de Empleo y Política Social.

Tras las movilizaciones de ayer y la ronda de contactos que inician hoy en Bruselas, los pensionistas volverán a reivindicar pensiones públicas y dignas en las manifestaciones convocadas para hoy en las capitales del sur de Euskal Herria con motivo del Día Internacional del Mayor.

Escrivá niega cambios en la edad de jubilación

«En ningún caso planteo la necesidad de trabajar hasta los 75 años como algunos sugieren, sino fomentar medidas que contribuyan a cambiar la mentalidad de las empresas para que no expulsen a trabajadores del mercado laboral a partir de los 55 años, desperdiciando su experiencia», escribió ayer en su cuenta de Twitter el ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Quiso zanjar de esta manera la polémica suscitada por sus declaraciones en una entrevista publicada el domingo en el diario «Ara», en la que abogaba por un cambio cultural que permita seguir «la tendencia clara que hay en el resto de Europa, donde entre los 55 y los 70 o 75 años se trabaja cada vez más».

Escrivá abogó por incentivar la jubilación demorada para que quienes lo deseen puedan trabajar más allá de la edad prevista de jubilación, tal y como se recoge en el proyecto de ley que se encuentra en trámite parlamentario.

«Lo que más refuerza la sostenibilidad del sistema es acercar la edad efectiva (64 años y medio actualmente) a la ordinaria de jubilación (66 años en 2021)», manifestó el ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. GARA