Pernando Barrena, en nombre de Sortu, ha declarado esta tarde en rueda de prensa que han conocido la inminencia de una operación policial contra la solidaridad económica con los presos políticos vascos y sus familiares, como ha publicado GARA. A ellos también les ha llegado por otras vías esa información, por lo que creen en la veracidad de dicha filtración y que el Ministerio del Interior pudiera estar pensando seriamente en ello. Si finalmente se lleva a cabo en los términos que se están haciendo públicos, ha alertado de que sería una operación de «graves» consecuencias porque tendría como objetivo «seguir insistiendo en el castigo añadido» que la dispersión supone a los familiares de los presos políticos.

El líder independentista ha expresado que esta es, «desgraciadamente», la manera que tiene el Gobierno español de responder a las peticiones individualizadas de acercamiento de los presos políticos vascos, que han cursado en estas últimas semanas. Sortu, en esa dirección, quiere lanzar «un mensaje de alerta, pero también de calma». Considera que el contenido de la filtración es «muy preocupante», pero «indica que vamos por el buen camino». Por eso, insta a la ciudadanía vasca a «seguir siendo solidaria económicamente, humanamente y políticamente con los presos políticos vascos y sus derechos hasta que sea necesario, es decir, hasta que no quede ni un solo ciudadano o ciudadana vasca privada de su libertad por motivos políticos».

Barrena ha reafirmado que su objetivo es la normalización social y política de este país y que eso no es posible mientras haya presos de motivación política. «Ese es el compromiso de la izquierda abertzale y, no nos cabe duda, de la inmensa mayoría de la sociedad vasca».

Ha añadido que la política penitenciaria tiene un carácter criminal que vulnera «repetidamente y premeditadamente» la legislación y que, además, «plantea el problema en términos de venganza y de revancha pura y dura». Esto, a su entender, es gravísimo porque «vulnera derechos humanos y es especialmente denunciable porque todo esto se viene haciendo desde instancias públicas, es decir, con el dinero de los impuestos de todos y todas, a sabiendas de que lo que se está haciendo es totalmente rechazable y repugnante en términos de responsabilidad pública y política».

Ha señalado que si se añade a esta situación que acarrea unos desembolsos enormes en viajes y en atención jurídica y médica del preso, el hecho de que se esté persiguiendo la solidaridad para aligerar esa carga a la familia, «nos encontramos directamente con un esquema de inquina y de añadir un sufrimiento totalmente gratuito a los presos y, especialmente, a los familiares».