Madrid prepara una redada contra la solidaridad económica con los presos
Fuentes del Ministerio de Interior español han anunciado a varios periodistas cercanos que están ultimando una operación policial -quizás inminente- contra el auxilio económico a los presos vascos. En el punto de mira más directo estarían varios abogados a los que se trataría de imputar delitos de carácter fiscal.
El Gobierno español ha expresado en círculos cercanos su voluntad de acometer una nueva operación policial de importante calado en Euskal Herria. Y por tercera vez en este curso, atacaría al ámbito social del respaldo a los presos vascos.
Este plan ha sido adelantado a varios periodistas con los que fuentes del Ministerio de Interior mantienen una interlocución periódica, y a los que se han avanzado algunos datos sobre el objetivo de la redada e incluso nombres de personas a las que se pretende detener. Se trata de abogados con una actividad pública y conocida.
Esta operación policial en ciernes pretende abrir un nuevo frente, atacando muy directamente a la solidaridad económica ciudadana con los prisioneros vascos, práctica que tiene décadas de recorrido en Euskal Herria -puede considerarse que se inició en el franquismo- y que sigue vigente todavía en 2014 dadas las graves necesidades derivadas del alejamiento generalizado de los presos.
Las fuentes ministeriales no han concretado la fecha en que se desencadenará el operativo, pero del grado de detalle que ya ha adquirido su plan se desprende que estaría ya absolutamente decidida, definida y preparada. Así, entre los datos filtrados oficialmente a círculos periodísticos está el de que la redada incluirá al menos cuatro detenciones, todas ellas de abogados de presos vascos cuyas identidades también se han especificado.
Interior pretende además abrir una nueva variante en las imputaciones, introduciendo acusaciones de carácter económico y fiscal, más allá de las que sustentan habitualmente este tipo de redadas. Algo así hizo ya la Audiencia Nacional en el macrosumario 18/98, en la pieza contra ``Egin'', lo que se tradujo en altísimas condenas de cárcel para algunos de sus representantes. José Luis Elkoro, por ejemplo, fue castigado en primera instancia a 24 años de prisión por el tribunal especial, si bien luego el Supremo redujo la pena a ocho.
Urquijo y Etxerat
La apuesta del Gobierno del PP por complementar la dispersión con el estrangulamiento económico a presos y familiares resulta evidente. Este mismo mes, el pasado día 6, el delegado español en la CAV, Carlos Urquijo, presentó un recurso contra una ayuda de Lakua a Etxerat que apenas ascendía a 8.956 euros. Alegó que esta subvención «ataca la dignidad de las víctimas».
También son incuestionables las necesidades económicas que impone esta política carcelaria. Según los últimos datos ofrecidos por Etxerat el pasado mes de mayo, cuando la dispersión cumplió 25 años, el gasto medio por familiar para asistir al preso asciende a 378 euros semanales, 1.638 mensuales y 19.653 anuales. Actualmente solo cuatro de ellos están en cárceles vascas, mientras 198 se ubican a más de 800 kilómetros de casa.
Tercer ataque, de nuevo en un momento de activación
El momento en que el Gobierno del PP adelanta este plan no parece casual: se produce en un momento de reactivación de la defensa de los derechos humanos de los presos. Al igual que en setiembre pasado, cuando se produjo la redada contra Herrira, y en enero, cuando se atacó a la interlocución externa de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK).
El fin de semana deja dos relevantes noticias relacionadas con esta lucha: la marcha de Baiona, que ha reunido a casi todo el arco político contra las políticas de excepción, y la puesta de largo en Donostia de la red Sare, comprometida a resolver esta cuestión para avanzar así a la resolución y la paz.
En setiembre, al inicio de curso, una redada provocó la ilegalización del movimiento Herrira, que apenas dos semanas antes en el Anaitasuna había dejado claras señales de la ampliación del acuerdo social contra la dispersión. La operación intentó cercenar este avance. Catorce personas fueron arrestadas, aunque quedaron libres finalmente.
El 8 de enero pasado, otra redada llevó a prisión a ocho personas que actuaban como mediación externa de EPPK. Ocurrió en un contexto de doble ofensiva por la salida a este conflicto: once días después de la declaración del Colectivo que apostaba por explorar vías legales y a solo tres de la gran movilización de Bilbo.
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