En declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press, Viver ha opinado que «los inconvenientes que tiene una consulta ilegal son superiores a los que tienen unas elecciones plebiscitarias», y ha destacado que una candidatura unitaria podría facilitar las cosas a nivel internacional en unas elecciones plebiscitarias.

El experto, que esta semana presentó el ‘Libro Blanco de la Transición Nacional’, ha opinado que, dado el caso, sería preferible una «proclamación solemne fruto de un mandato» por encima de una declaración unilateral.

Ha apuntado que una proclamación de la independencia podría arrojar unos primeros meses «más complicados» en Catalunya porque el organismo tributario catalán no estaría en pleno rendimiento hasta los seis meses.

Ha reiterado la estimación de que el coste inicial de la independencia de Catalunya sería de unos 4.500 millones de euros al mes, si se declara sin acuerdo con el Estado español, pero que una vez consolidado este eventual estado, le comportaría ganancias fiscales que lo harían viable.

Parlament

Por otro lado, el pleno del Parlament que arranca este miércoles por la mañana empezará a desplegar la Ley de Consultas sometiendo a votación la propuesta de composición de la Comisión de Control de las consultas –el equivalente a una Junta Electoral–, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió cautelarmente la norma.

La decisión del alto tribunal protagonizará un pleno en que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los partidos soberanistas medirán su unidad tras la suspensión, primero en la sesión de control y después en las reuniones que previsiblemente mantendrán para debatir el camino a seguir.

PSC, PP y C's han reclamado que se retire del orden del día la apertura de la Comisión de Control, pero CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP ya han avanzado que son partidarios de que se celebre el debate.

Los cuatro grupos esgrimen que lo que hará el Parlament será elevar una propuesta de composición al Govern, una propuesta que será provisional a la espera de que el Ejecutivo los nombre formalmente con un decreto cuando considere oportuno.

Sostienen que formalmente el Parlament no crea el nuevo órgano, por lo que no incurre en ninguna ilegalidad, ya que la Comisión de Control no quedará constituida realmente hasta que el Govern nombre a los siete miembros mediante un decreto.

Los siete miembros propuestos por los cuatro grupos –la ley establece que deben ser juristas y politólogos de reconocido prestigio– son: Mercè Barceló i Serramalera, Joaquim Brugué Torruella, Alfons González Bondia, Miquel Martin Casals, Marc Marsal Ferret, Jordi Matas Dalmases y Benet Salellas Vilar.

Mas

Antes de ese debate, el president se someterá este mismo miércoles a una sesión de control que se prevé marcada por la decisión del TC: Mas y los partidos soberanistas debatirán por primera vez abiertamente del camino a seguir con la consulta.

Está previsto que en los próximos días –coincidiendo con el pleno– se hagan las primeras reuniones entre estos grupos y el Govern para acordar una estrategia tras la resolución del TC, un debate en el que CUP y ERC en menor medida ya han planteado desobedecer al tribunal.