Escuchada íntegramente la intervención del magistrado De Prada en Tolosa, el pasado 14 de abril, el promotor Fonseca-Herrero ha concluido que no cabe hacer reproche disciplinario alguno al juez, ya que sus alusiones a actos de tortura se produjeron «en el marco de una reflexión muy personal y concreta sobre la excepcionalidad de las normas penales en materia de terrorismo».

Añade que el juez expuso uan crítica «también muy personal y concreta, que alcanza a ámbitos policiales y judiciales».

Según Fonseca-Herrero el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo esas manifestaciones «reconociéndose como tal, pero incidiendo expresamente en su condición de ciudadano miembro de la sociedad civil y manifestando que como tal exponía sus opiniones».

Libertad de expresión

La resolución del CGPJ recuerda que los jueces y magistrados «son titulares del derecho a la libertad de expresión y opinión», y agrega que aun cuando ese derecho fundamental puede verse limitado por su condición de miembros del Poder Judicial, en las manifestaciones de De Prada «no puede ser apreciada una finalidad diferente que el mero traslado a los asistentes al acto de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político, y nunca la intención o voluntad de afirmar la existencia probada de torturas y menos su imputación directa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

«De este modo, la actuación del magistrado debe quedar amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión consagrados por el artículo 20 de la Constitución Española», concluye el promotor en su resolución, que ya ha sido notificado al propio de Prada y a la AVT.

La incoación del expediente fue instada por la AVT después de que el magistrado señalara en Tolosa: «La tortura se ha producido de manera clara y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte».

Esa asociación intentó también que la AN apartara a De Prada, aunque la pasada semana el pleno de la Sala de lo Penal decidió mantener al magistrado en el tribunal que juzgó a Jorge Olaiz y el que abordará la vista oral contra Jean Claude Agerre y Xabier Larralde, dentro del proceso derivado de la redada de Segura.

En su día, el propio ministro español de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, pidió al CGPJ que adoptase medidas contra el juez . «Creo en la separación de poderes, sin ella no hay democracia, pero eso no quiere decir que se esté por encima de la Ley y creo que sería bueno que el CGPJ tomara algún tipo de medida. Esa es una declaración ofensiva», señaló el ministro.

El ministro calificó de «infames» e «indignasÇ las declaraciones de De Prada dada la responsabilidad que ostenta como juez «y además de la Audiencia Nacional».