![Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, a su llegada a la Audiencia Nacional.](/media/asset_publics/resources/000/438/310/article_main_landscape/CuixartSanchez.jpg)
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 investiga la causa por sedición por los incidentes ocurridos en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre y en la que están imputados el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana, además de Sánchez y Cuixart.
En el marco de esta investigación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó a la magistrada que ordenara indagar las cuentas de las dos organizaciones soberanistas y Lamela dictó un auto autorizándolo, lo cual fue recurrido por las defensas de Sánchez y Cuixart que ahora ha sido rechazado.
La investigación de las cuentas de ANC y Òmnium Cultural también fue solicitada previamente por la Guardia Civil, que en el atestado incorporado a la causa en la que relataba los hechos ocurridos el 20 y el 21 de setiembre pedía a la jueza que ordenara recabar información sobre las cuentas y los productos bancarios y financieros «con la finalidad de solicitar el bloqueo» de los mismos.
El auto de Lamela en el que ordena recabar información sobre las cuentas y productos bancarios de ANC y Òmnium Cultural de momento no menciona nada relativo al bloqueo de los mismos, sino que se limita a instar a que se recabe información, han explicado las fuentes informantes.
Por otro lado, la jueza también ha rechazado un recurso de reforma presentado por las defensas de Sánchez y Cuixart contra la incorporación del atestado de la Guardia Civil a la causa de sedición.
También las llamadas
Lamela ha pedido también a la Guardia Civil que identifique los números de teléfono de los que son titulares el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y Sànchez y Cuixart.
a titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ordena en un auto a los agentes que inicien estas pesquisas y solicita a las compañías telefónicas el listado de llamadas y mensajes de texto emitidos y recibidos entre el 15 de septiembre y 2 de octubre, un día después de la celebración del referéndum ilegal.
La juez quiere conocer las personas entre las que se efectuaron las comunicaciones, el tiempo de las mismas y los hechos de interés relacionados con la investigación, según exponen fuentes jurídicas.
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