El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acumulará en un único procedimiento todas las causas que se instruyen contra el procés, a excepción de la abierta por el delito de sedición al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, que seguirá en manos de la Audiencia Nacional, según fuentes fiscales citadas por Europa Press y Efe.

De este modo, el instructor continuará con la causa abierta por rebelión contra los miembros de la Mesa del Parlament y adhiere la que hasta ahora instruía la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra Carles Puigdemont y los miembros del Govern, ocho de los cuales siguen en prisión.

Además, ha sumado también la causa abierta por presunta sedición contra los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, ambos encarcelados.

Sin embargo, la investigación contra Trapero –cesado por el Gobierno español–, que se engloba en esa misma causa, se quedará en la Audiencia Nacional sin perjuicio de que se pueda ampliar a otros miembros del Govern con cargos inferiores al de consejero.

En un auto, el magistrado acuerda así que la causa permanezca dividida, en contra de lo que quería la jueza Lamela y siguiendo también un criterio diferente al de la Fiscalía, que abogaba por que solo los no aforados se quedasen en la Audiencia.

Causas conectadas

Llarena sostiene que la investigación contra el Govern y los líderes de ANC y Òmnium está conectada con la causa que tiene abierta en el Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa (aforados todos menos uno). Para el juez, los hechos investigados de los diputados, del Govern y de los Jordis requieren de una «intervención coordinada de todos ellos», que «es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión», del que por ahora no están imputados Sànchez y Cuixart.

El magistrado reclama en el auto al juzgado de Lamela la parte de la causa relativa al Govern y los presidentes de ANC y Òmnium, que queda incorporada a la suya contra los diputados.

Apoya su decisión en que la doctrina del Supremo establece que puede investigar a no aforados solo cuando «se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados a las personas aforadas», cosa que ocurre en este caso.

Argumenta asimismo que la unificación del procedimiento «tiene una finalidad funcional concretada en la facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento».

Llarena señala que uno de los delitos investigados es el de rebelión y que tiene un carácter  «plurisubjetivo», es decir, que en él participa una pluralidad de personas, lo que marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto.

Sin embargo, el juez decide que la Audiencia Nacional se quede con parte de la investigación porque considera que en el caso de los Mossos no hay esa «conexión material inescindible».