El Gobierno navarro aprueba la OPE reducida
Tal y como anunció la pasada semana, el Gobierno navarro ha aprobado la OPE de Educación de manera reducida, retrasando la convocatoria de 120 plazas en euskara. La OPE estará formada por 200 plazas de Especialidades, de las que 108 son euskara y 92 en castellano. No habrá lista única, pero los exámenes en euskara y castellano se realizarán en días distintos.
La portavoz del Gobierno, Ana Ollo, ha reconocido que el Gobierno no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo ni con los sindicatos ni con los partidos, pero ha añadido que la OPE debía aprobarse ya para poder convocar las oposiciones en verano y que los nuevos profesores tomen posesión de sus plazas al comienzo del próximo curso.
Prueba de esta falta de acuerdo con los sindicatos es la concentración que ha tenido lugar este mediodía (al igual que el lunes y ayer) convocada por la mayoría sindical (LAB, Steilas y ELA), en la que se ha calificado de «fraude» la OPE y se ha puesto en cuestión el cambio político en Nafarroa.
Ollo ha confirmado también que no habrá lista única pero que los exámenes de los modelos en euskara y castellano se harán en días diferentes. De este modo, los profesores euskaldunes podrán presentarse también a las pruebas de las líneas en castellano. Sin embargo, tendrán que realizar dos oposiciones. Ollo ha recordado que el Gobierno ha recuperado una práctica que era habitual hasta que los gobiernos de UPN optaron por hacer los dos exámenes el mismo día para evitar que quienes dominan los dos idiomas se presentaran a las dos pruebas.
La consejera de Presidencia, María José Beaumont, ha destacado que el Gobierno ha optado por primar la seguridad jurídica de las plazas que salen a oposición ante los recursos presentados por Madrid a una OPE previa aprobada por UPN en vísperas electorales. En este sentido, ha añadido que la intención del Gobierno es convocar las 120 plazas que han sido retrasadas lo antes posible. El objetivo es alcanzar un acuerdo con el Gobierno español para que se retire el recurso. Si Madrid persiste en mantener el recurso, la resolución judicial podría demorarse hasta dos años, en los que el Gobierno no podría convocar esas 120 plazas.
Frente a las críticas recibidas por el consejero de Educación, José Luis Mendoza, por parte de la mayoría sindical, que ha llegado a pedir su dimisión, ha respondido que se siente respaldado por el Gobierno en su actuación.