El sindicato SIPNA, en contra de prohibir las porras extensibles en Policía Municipal
El sindicato SIPNA-FEPOL ha mostrado su «completa disconformidad» con la anunciada prohibición a los agentes por la Jefatura de la Policía Municipal de Iruñea del uso de porras extensibles, ya que «elimina un elemento reglamentario de defensa de los policías y de los ciudadanos» a quienes protegen.
En una nota, el sindicato considera que el Ayuntamiento «aprovecha» esta medida como «cortina de humo» para no asumir su propia responsabilidad en la forma en la que se planificó el pasado 8 de octubre el desalojo de un inmueble del paseo de Sarasate, al que había accedido un grupo de okupas, en una intervención que se saldó con más de una decena de heridos, 9 de ellos agentes municipales.
La prohibición del uso de la porra extensible en la Policía Municipal de Iruñea es «a día de hoy, la única consecuencia derivada de la intervención» y, «de forma indirecta, pone en tela de juicio el adecuado uso de dicha herramienta por parte de los policías durante el desalojo», interpretan en el sindicato.
Al respecto, rebaten «totalmente» este supuesto argumento al entender que el uso de estas porras en este caso fue «proporcional a la violencia que se descargó contra los policías por parte de los okupas».
Así, respaldan como «ejemplar» la actuación de los policías que acudieron en apoyo a la actuación y «no tuvieron otra opción que utilizar de forma legítima la fuerza para defenderse de las agresiones», por lo que se niegan a que la profesionalidad de sus compañeros «quede en entredicho para tapar las vergüenzas a la Dirección de Área, Jefatura y demás responsables de la nefasta planificación de la intervención».
En cualquier caso, SIPNA-FEPOL considera una «irresponsabilidad» la prohibición del bastón extensible, al entender que «merma la posibilidad de defensa de la integridad física de los policías en su quehacer diario y afecta a la hora de garantizar la seguridad ciudadana frente a la acción de delincuentes».
Por ello, el sindicato solicita que se anule esta prohibición y reitera su solicitud al Gobierno Municipal de que «asuma la responsabilidad de la intervención del día 8 de octubre, la haga asumir a quien proceda y realice de una vez el cambio real dentro de Policía Municipal de Pamplona».