Un supuesto imperativo ético sustentado en la mentira llevó a Bush, Blair y Aznar, el «Trío de las Azores», a invadir Irak y acabar con Sadam Hussein. Cinco años más tarde, en 2008, el país ocupado era un absoluto desastre ingobernable en el que los muertos superaban ya el millón.
Otro tanto ocurría en Afganistán, donde empezaron ayudando a quienes luchaban contra la invasión soviética hasta que a la CIA los enanos le crecieron, se le fueron de las manos y EEUU y sus aliados acabaron invadiendo el país en 2001.
Entonces la guerra se les complicó y, a finales de 2008, el 72% del territorio de Afganistán estaba ya en poder de los talibanes, con un gobierno brutal que ejerce las formas más extremas de misoginia.
Amparados también en su concepto de la ética y la lucha contra el terrorismo, el Estado judío de Israel hostigaba tanto Gaza que desde comienzos de 2008 lo único que se respiraba en la franja era ambiente de guerra.
Y así acabó el año con la denominada 'Operación Plomo Fundido', una ofensiva sionista por tierra, mar y aire que provocó cerca de 1.500 muertos. Los grupos armados palestinos respondieron a la masacre, enconándose aún más el conflicto en una zona declarada desastre humanitario.
Basado, decían, en la ética, los partidos de los pactos contra la izquierda abertzale anunciaron su intención de presentar en los ayuntamientos mociones para arrebatar a ANV alcaldías y cargos de responsabilidad política.
La idea la presentó a comienzos de abril Iñigo Urkullu, entonces flamante presidente del EBB. Dijo que había que exigir a todos los cargos de ANV que condenaran a ETA. Poco después, el PNV acordó iniciar la tramitación de lo que llamaron «mociones éticas» y pactaron con el PSE la hoja de ruta.
Empezaron por Elorrio y siguieron con Arrasate, a cuya alcaldesa, Ino Galparsoro, casualidad o no, citó Garzón el día 29 de abril y acabó en la cárcel.
Unos días antes, desde el PSOE se dijo que el presidente Zapatero se proponía extender a otros partidos su reciente acuerdo con el PP contra la izquierda abertzale y que su apuesta era reforzar la presión policial.
La amenaza de Rubalcaba de que la izquierda abertzale lo iba a pagar caro se iba haciendo realidad entre persecución política, apartheid, detenciones, tortura…
Una situación de estado de excepción de facto que a la sociedad le resultaba tan evidente que en el Sociómetro de invierno del Gobierno de Lakua se reflejó con nitidez la percepción de que la ciudadanía no sentía que viviera en democracia.
Unas semanas antes del Sociómetro, Garzón suspendió las actividades de EHAK y ANV, las dos únicas organizaciones de la izquierda abertzale que se mantenían en la legalidad española. Ambas fueron finalmente ilegalizadas en septiembre, y el patrimonio y archivo histórico de ANV incautado, repitiéndose el expolio fascista, aunque en esta ocasión por el régimen del 78.
Esta barra libre represiva llevó el número de prisioneros políticos vascos a cifras que no se alcanzaban desde el franquismo. Si a comienzos de 2008 los encarcelados eran 706, en primavera ya alcanzaban los 739 y el año concluía con 762.
En diciembre, Rodríguez Zapatero se atribuyó el éxito, asegurando que desde el fin del alto el fuego de ETA se habían llevado a cabo 365 arrestos. «Se ha detenido a un miembro de banda terrorista cada dos días», proclamó.
El dato no era cierto, pues, de serlo, los prisioneros llegarían al millar y no era ese el caso. Aún así, el argumento sirvió para hablar de la «debilidad» de la organización armada y dio pie a Rubalcaba a recordar que la estrategia penitenciaria la estaban gestionando en virtud de unos objetivos políticos establecidos.
Donde no se percibía reserva ética ni para aparentar era en la práctica de la tortura, que se revelaba como sistemática, ya que la gran mayoría de los detenidos, ingresaran en prisión o fueran puestos en libertad, denunciaban el trato inhumano que habían sufrido durante la incomunicación.
Los medios hacían gala de su altura ética en este tema al despreciar los testimonios de los detenidos aludiendo a un supuesto «manual de ETA» en el que se ordenaría denunciar torturas.
¿Dónde estaban las anunciadas grabaciones de los interrogatorios que habrían echado por tierra las denuncias?
Y es que 2008 empezó con detenciones y torturas. El 6 de enero fueron detenidos por la Guardia Civil en Arrasate Mattin Sarasola e Igor Portu, que, al día siguiente, fue llevado a la UCI con perforación pulmonar y hematomas por todo el cuerpo.
Zapatero expresó su confianza en la Guardia Civil y Rubalcaba dijo que las lesiones se las produjo en la detención, lo que días después fue desmentido en sede judicial por un testigo. Cuando Portu recibió el alta, el juez Grande-Marlaska decidió mantenerlo incomunicado.
Casi todos los meses de 2008 hubo operaciones policiales y detenciones, en algunos casos en serie. Muchos quedaron en libertad tras pasar ante el juez, pero la práctica totalidad de ellos denunció malos tratos y torturas. Un joven debió ser hospitalizado por morderse las venas en los calabozos para escapar del tormento en los interrogatorios.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España en once ocasiones por tortura; entre ellas, las de Portu y Sarasola. En siete de ellas los detenidos estaban bajo custodia de Grande-Marlaska, a quien relataron el trato sufrido e hizo caso omiso.
El Comité para la Prevención de la Tortura de la ONU ha apuntado en varias ocasiones hacia ese juez. Incluso magistrados de la propia Audiencia Nacional también le han señalado por el poco interés en las garantías procesales de los detenidos e incluso irregularidades en la toma de declaración con abogado de oficio en su juzgado.
El 31 de octubre de 2008 la propia ONU conminó al Gobierno español a erradicar la tortura y a poner límite al abuso del concepto de «terrorismo».
En relación al recorrido del llamado Plan Ibarretxe, el lehendakari había anunciado el año anterior que el 25 de octubre habría referéndum. La iniciativa no había sido muy bien vista desde los sectores jeltzales menos o nada soberanistas, del estilo de Iñigo Urkullu o Iñaki Azkuna.
A las puertas de la fecha señalada, el Tribunal Constitucional tumbó la consulta. En el tripartito de Lakua EA e IU querían seguir adelante. Pero Sabin Etxea ordenó plegar alas e Ibarretxe se sometió a su partido, aunque anunció adelanto electoral. Y ahí acabó todo.
Elecciones generales hubo en el Estado español el 9 de marzo, que supusieron un nuevo éxito para el PSOE de Rodríguez Zapatero.
En la situación de estado de excepción que se vivía en la Euskal Herria peninsular, la izquierda abertzale pidió la abstención, que subió algo más de 8 puntos, con unos 180.000 nuevos abstencionistas respecto a cuatro años antes.
«Cambio, eficacia y lucha» fueron los ejes del VII Congreso de LAB, en el que Ainhoa Etxaide tomó el relevo de Rafa Díez.
A comienzos de diciembre ETA dio muerte en Azpeitia al empresario Iñaki Uria, vinculado a una adjudicataria de las obras del TAV. La acción provocó contradicciones por tratarse de una persona, al parecer próxima a EA, en unos momentos en los que había ciertos contactos discretos entre ese partido y la izquierda abertzale.
En 2008 ETA actuó también contra el ex concejal del PSOE Isaías Carrasco, un brigada del Ejército y un número de la Guardia Civil. También destruyó dos cuarteles y atacó más de una docena de objetivos.
En la fría niebla del 1 de diciembre que ocultaba los rincones que amaba se perdió la voz mítica e inconfundible de Mikel Laboa. Su legado, como el pájaro que no es de nadie, permanece en el vuelo más libre de Euskal Herria:
Haika mutil, jeiki hadi
argia den mira hadi!
Bai, nausia, argia da;
gure oilarra kanpoan da
