El principio de unilateralidad que adoptó la izquierda abertzale a comienzos de la década neutralizó la posibilidad de condicionar los acontecimientos que había tenido el Estado español desde las conversaciones de Argel, en 1989.
Perdida esa baza, acudieron a la provocación para levantar tempestades en la izquierda abertzale y fomentar la aparición de disidentes que retomaran la lucha armada y sirvieran de coartada para hacer descarrilar el tren político y que la historia saltara hacia atrás.
Así, 2014 fue un año en el que la violencia del Estado se expresó como en otros tiempos, con operaciones policiales, represión de protestas, detenciones, citaciones, encarcelamientos hasta para cumplir pequeñas condenas que anteriormente no suponían prisión…
Incluso mandaron a la Guardia Civil a arrasar el bosque de Aritxulegi, en Oiartzun, donde cerca de 250 robles recordaban a militantes de ETA y otras personas que perdieron la vida como consecuencia del conflicto político.
Si todos los años empezaban con la gran manifestación en apoyo a los prisioneros y prisioneras, en 2014 el Estado se adelantó con una operación muy mediática que se saldó con el arresto de ocho personas. Entre los detenidos había abogados, expresos y otras personas que año y medio antes habían anunciado públicamente su intención de facilitar la interlocución del EPPK en el exterior.
Esto ocurrió poco después de que el EPPK concluyera un debate interno en el que, además de salir unido, se comprometía con el nuevo tiempo mostrando su disposición a explorar vías legales.
Así las cosas, y al no lograr romper el colectivo, el ataque a su interlocución en el exterior buscaba dinamitar el puente con los agentes políticos y sociales.
Fatua pretensión, pues cuatro días más tarde de esas detenciones la manifestación de enero en Bilbo volvió a romper todos los récords de asistencia, con 130.000 personas y más apoyos que nunca, incluido el PNV.
Pocos días después de esa manifestación se supo, por un documento interno de ETA, que en su proceso de debate interno la inmensa mayoría de la militancia apoyaba el cambio de estrategia iniciado cinco años antes.
Durante el año en que se cumplían 25 años de la dispersión, prisioneros y prisioneras comenzaron con las primeras iniciativas presentando solicitudes individuales de traslado a Zaballa. Todas fueron desatendidas, así como las de los enfermos o los mayores de 70 años.
También fueron denegadas indemnizaciones a familiares de muertos por el terrorismo de Estado. Aunque no hubiera sentencia alguna que así lo recogiera, el Gobierno dijo que las víctimas eran miembros de ETA y que no les correspondía indemnización o reconocimiento alguno.
Lakua quiso entrar en el tema de presos con Hitzeman, actualización de la fracasada «Vía Nanclares» en la que proponía una ruta de «resocialización», pero legitimando el marco de excepcionalidad de la Ley 7/2003.
Aunque el plan presentado por Jonan Fernández era un brindis al sol, el ministro de Interior se apresuró a recordarle que era el Gobierno español quien tenía las llaves de las cárceles.
Un mes después Jonan Fernández reincidió con Zuzen Bidea, que corrió igual suerte; y al año siguiente repitió con Zuzendu, en el que, tras la idea de divulgar «una pedagogía de la autocrítica en derechos humanos», condicionaba la «reinserción» al «reconocimiento del daño causado».
Antes de que Urkullu presentara su «plan de paz», en febrero murió el joven Arkaitz Bellón en la prisión de Puerto de Santa María. Le habían impuesto una condena desmesurada por kale borroka, estaba en primer grado y debería estar en libertad condicional tres años antes.
Como aportación al proceso de resolución del conflicto, los exiliados políticos expresaron su intención de volver a Euskal Herria. A finales de marzo, en un acto público en Arrangoitze se presentó un importante número de miembros de ese colectivo para anunciar que en los próximos días algunos comenzarían ya a regresar. Luego continuarían más retornos.
Cuando el verano estaba a punto de comenzar se presentó en Donostia Sare, una red ciudadana tejida para trabajar por la defensa de los derechos humanos de los prisioneros, exiliados y deportados.
Desde la gran pluralidad de sus componentes, Sare se proponía «desenmarañar» el asunto de prisioneros y exiliados en el camino a la resolución de un conflicto que «solo terminará cuando estén resueltas todas sus consecuencias».
Otro de los grandes temas era el destino de las armas de ETA, una vez que se comprometiera a su desarme y se formara la Comisión Internacional de Verificación (CIV) para facilitar ese proceso.
En febrero, la BBC y NAIZ difundieron de manera simultánea las imágenes del primer paso del inventario y sellado de armas y explosivos realizado por ETA. En el vídeo se podía ver a dos militantes de ETA haciendo entrega de diverso material de guerra a los miembros de la CIV Ram Manikkalingam y Ronnie Kasrils.
En todo el proceso irlandés nunca se ofreció imagen alguna del armamento decomisado al lRA. Que ETA se aviniera a exponerlo públicamente era una demostración más del cumplimiento de la palabra dada.
La imagen aumentó la crispación de un Gobierno del PP que rabiaba porque el proceso no rompía a la izquierda abertzale y, encima, la estaba dotando de mayor credibilidad y respeto ante la sociedad vasca.
Así pues, su reacción fue de desprecio, para lo que contó con algunos medios de difusión que se dedicaron a ridiculizar lo ocurrido.
La Judicatura también fijó su atención en las imágenes, y no para reconocer su valor, sino para todo lo contrario. Los mediadores fueron citados en la Audiencia Nacional y en la comisaría de Baiona.
Urkullu calificó el acto como positivo, aunque añadiendo una coletilla que se haría popular en adelante: «No es suficiente».
A finales de año, la CIV reveló la existencia de informes que probaban que ETA seguía sellando e inutilizando armas y explosivos.
La enajenación del PP por el desarrollo de unos acontecimientos contrarios a sus intereses llevó durante los siguientes años el tema del desarme hasta límites inéditos en la historia de los procesos de resolución de conflictos armados.
El Gobierno de UPN continuó en descomposición durante 2014, pero el PSOE de Madrid volvió a ordenar al PSN que lo salvara. A medio año de las elecciones, Yolanda Barcina dijo que se iba, y en medio de una guerra interna por el control del partido maniobró para colocar a Javier Esparza.
En junio una gran cadena humana organizada por Gure Esku Dago y formada por más de 150.000 personas unió Durango e Iruñea por el derecho a decidir. Un derecho democrático que ejercieron en Escocia el 18 de setiembre, aunque el resultado no fue favorable a la independencia.
En Catalunya, el 9 de noviembre se celebró una «consulta popular» en la que participaron más de 2,3 millones de catalanes, de los que cerca del 80% votaron independencia. La «Vía catalana» hacía su camino y cada vez concitaba mayor apoyo popular.
El 25 de mayo hubo elecciones europeas, Bildu consiguió ser la primera fuerza en Hegoalde y Josu Juaristi llegó a la Eurocámara. También lo hizo la jelkide Izaskun Bilbao.
A esos comicios se presentó un partido español de izquierda constituido cuatro meses antes. Era Podemos, que en los siguientes años tendría un exitoso crecimiento hasta compartir Gobierno con el PSOE de Pedro Sánchez, que ese mismo 2014 llegó a la Secretaría General del partido.
Al rey español Juan Carlos I los escándalos le llegaban ya más arriba de la corona y abdicó en favor de su hijo. Seis años más tarde buscó refugio en los Emiratos Árabes.
El periodismo vasco perdió a Manu Leguineche en enero; la literatura universal a García Márquez en abril; en julio falleció Néstor Basterretxea, uno de los grandes maestros del arte contemporáneo vasco.
En agosto se apagó la voz rasgada de Joe Cocker. Aunque él cantara «you can leave your hat on», en 2014 hubo que quitárselo ante el Eibar, que subió a Primera División.
