Por eso no es de extrañar que, en el comunicado con el que ETA daba por concluida su tarea y recorrido histórico, la organización concluyera con estas palabras: «ETA surgió del pueblo y ahora se disuelve en él».
Sesenta años después retornaba a la madre, y lo hacía expresando agradecimiento a quienes durante varias generaciones habían luchado por Euskal Herria y la libertad y ensalzando su «entrega» y «generosidad».
ETA había dado sus primeros pasos allá por 1958 como una organización política que pasó a practicar la lucha armada. Más de medio siglo después empezó el recorrido inverso, iniciando un proceso de desmovilización, desarme y profundo debate político hasta, finalmente, decidir el cierre de su recorrido histórico.
El anuncio se hizo público de manera protocolaria el 3 de mayo en Ginebra, en la sede del Centro de Diálogo Humanitario y ante numerosas personalidades del ámbito de la diplomacia y la resolución de conflictos, así como un importante número de medios internacionales.
La imagen y la voz del vídeo de la histórica declaración eran las de Josu Urrutikoetxea, miembro de las delegaciones de ETA para un diálogo resolutivo, y Marixol Iparragirre, prisionera política vasca.
Ambos dieron a conocer un texto en cuyo contenido se decía, entre otras cosas, que los que fueran militantes de ETA seguirían trabajando políticamente «por una Euskal Herria unida, independiente, socialista, euskaldun y no patriarcal, en el lugar en el que consideren oportuno y con la responsabilidad y sinceridad de siempre».
Si desde que se iniciara el cambio de estrategia el desarrollo de los acontecimientos no estaba siendo del gusto del Estado, mucho menos lo fue el desenlace.
El Gobierno del PP se apresuró a insistir en la derrota de ETA, mantra que sostiene en el tiempo. Y lo hizo de manera tan vehemente, que semejante énfasis dejaba patente lo contrario a lo que proclamaba.
Querían un final a lo «cautivo y desarmado…», como el del último parte de guerra firmado por Franco el 1 de abril de 1939. Pero no fue así.
El PSOE también apostaba por un final diferente al que resultó, así que cuando tras la moción de censura de junio Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, una de las primeras cosas que hizo fue citarse el 1 de octubre con el presidente francés Macron para escenificar una «ceremonia solemne» en la que Francia entregaría a España todo el material incautado a ETA a lo largo de la historia.
El acto era otro intento de presentar el fin de la organización como una victoria policial de ambos estados. Ya que la realidad no era como pretendían, emprendían la labor de reescribir el pasado para hacerlo encajar en su relato.
Al día siguiente de la comunicación de ETA, el 4 de mayo se celebró en Kanbo un encuentro internacional del que salió la Declaración de Arnaga, que reconocía el paso dado por la organización y recordaba que aún quedaban asuntos por resolver, como el de las personas presas y huidas.
Aunque la conclusión fuera la deseada, el PNV tampoco se encontraba cómodo, así que los lehendakaris Barkos y Urkullu no acudieron al acto de Kanbo y prefirieron hacer juntos una comparecencia en Bertiz.
Por contra, el alcalde de Baiona y lehendakari de Euskal Elkargoa, Jean-René Etchegaray, sí estuvo en Kanbo y, además, aseguró que de haber sido en el sur también habría acudido.
Urkullu no fue a Kanbo, pero sí a Madrid, en octubre, a la escenificación de Sánchez y Macron. También se prodigó en medios para denostar a ETA, considerar «un honor» las críticas políticas que sobre él hizo la organización vasca y cargar contra los agentes internacionales que se habían comprometido en el proceso.
Entre ellos, los del Grupo Internacional de Contacto, constituido en febrero de 2011 y que en octubre de 2018 anunció en Aiete el fin de su labor; «no creo que ya nos necesitéis más», dijo Brian Currin en la despedida.
Antes de su comunicado final, ETA hizo una declaración en la que reconocía el daño y sufrimiento causados con su acción armada: «ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor y desea manifestar que nada de ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto tiempo».
La mayoría del espectro político valoró la declaración, pero también hubo quienes buscaron carencias o incluso se aferraron al «no es suficiente». Entre los insatisfechos se alinearon los gobiernos de Iruñea y Lakua; y también el PNV, a quien le pareció poco.
El PSE lo estimó positivo, aunque dijo que llegaba tarde. Por contra, el PP lo consideró una «humillación a las víctimas». El Gobierno dijo «está bien», para, seguido, incidir en la tesis de la derrota de ETA.
Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, muerto por ETA en 2000, reconoció que la declaración de la organización sobre el daño causado «fue mucho más allá de lo que yo esperaba».
Lo que siguió generando sufrimiento fue la política penitenciaria. El 6 de marzo Xabier Rey se quitó la vida en una celda de Puerto de Santa María, a más de mil kilómetros de Euskal Herria.
Pese a no haber cometido ningún atentado, había sido condenado a 26 años de prisión. Murió tras diez años de alejamiento extremo y aislamiento.
Precisamente, la dispersión y el aislamiento siempre ha sido mayor en el caso de las mujeres presas. En 2018 había en el Estado español 26 prisioneras dispersadas en 18 cárceles y la mitad de ellas estaban completamente solas. En el Estado francés había 11 mujeres en cuatro cárceles.
Durante la primera mitad de 2018 nada se movió en la política penitenciaria. En verano, la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez y sus primeras declaraciones abrieron un resquicio de esperanza en las familias.
Pero el año acabó con muy pocos cambios; tan solo el acercamiento de tres de los 21 presos enfermos y alguna progresión a segundo grado. La maquinaria echaba a andar, sí, pero lo hacía a un ritmo demasiado lento.
En el Estado francés los avances fueron más notables. A final de año habían retirado buena parte de los DPS y había 13 prisioneros en Lannemezan y 14 en Mont-de-Marsan, lo que suponía la reubicación de más de la mitad de los allá encarcelados.
A lo largo del año, el EPPK reiteró en varias ocasiones su apuesta por «construir convivencia» y mantuvo contactos con el Foro Social Permanente, que desarrolló una intensa labor.
Con el recurso a la violencia del Estado español y la autonomía suspendida, la situación en Catalunya rolaba entre investiduras fallidas, encarcelamientos, persecución política, exilios, arresto y liberación de Puigdemont en Alemania, tensiones entre partidos independentistas, la instrumentalización española de la Justicia…
Una situación endiablada en la que Quim Torra fue finalmente investido president. Durante el año se reunió dos veces con Pedro Sánchez en La Moncloa, a donde este había llegado el 1 de junio al ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy gracias a los votos de ERC y PdeCAT. De las reuniones solo salió la foto.
La pérdida del Gobierno por parte del PP se llevó a Rajoy, y su lugar lo ocupó Pablo Casado, pupilo de Aznar y Esperanza Aguirre.
Catalunya fue también lugar de uno de los atentados de los «lobos solitarios» del ISIS en Europa. Allá fue en Cornellá de Llobregat; pero también atacaron en Londres, París, Estrasburgo, Lieja y Carcasona.
En América hubo cambios de presidencia: Díaz-Canel en Cuba, López Obrador en México, Bolsonaro en Brasil y Uribe en Colombia; y la reelección de Maduro en Venezuela.
En 2018 cumplió cien años Eusko Ikaskuntza, y Euskaltzaindia inició los actos de su centenario regresando a Arantzazu, donde justo 50 años antes naciera el euskara batua.
Bajo los conmovedores 14 apóstoles de Oteiza, en 2018 también el euskara batua retornó a la madre; pero, en este caso, para seguir adelante.
