Cada cuatro años, el calendario sufre un tropiezo y ese mes menguado que es febrero, rebajado a 28 días, adopta 24 horas más para extenderse hasta el 29 de febrero. Es una treta para ajustar los ciclos naturales del sol y la tierra a la necesidad humana de cuadricularlo todo para tener referencias comunes que nos permitan organizarnos.

Pero se quiera o no, lo de que solo haya un 29 de febrero cada cuatro años no deja der ser un problema para el periodista al que le ha caído en suerte hacer una crónica de esta jornada que, desde la salida de 'Egin' en 1977 hasta la actualidad, apenas se ha dado once veces, porque este del 2024 no cuenta.

Y, de pronto, el cronista se encuentra con que de once primeras páginas de esta época, dos tienen que ver con la tortura. No es fácil que esto ocurra en otros lugares del llamado «Occidente democrático». Por una parte, porque no en todos los estados la tortura ha sido una práctica sistémica contra la insurgencia política. Pero a esto habría que añadir que allá donde la tortura es política de Estado, la mayoría de los medios de comunicación forman parte del entramado de ocultación de la realidad, por lo que los malos tratos, aunque aparezcan como una evidencia con sello oficial e incluso internacional, no son noticia y menos de portada. Por eso, este pueblo ha creado periódicos como 'Egin', 'Euskadi Información' y GARA-NAIZ.

Cuarto informe de la ONU

El 29 de febrero de 1996 'Egin' titulaba en su primera página con contundencia tipográfica que «la ONU reconoce que aquí se tortura». Explicaba que «por cuarta vez consecutiva el Estado español aparece en el Informe del Relator contra la Tortura». Nigel Rodley recogía en el documento correspondiente al año 1994 nada menos que 17 casos de vulneración de los derechos humanos en este ámbito, todos ellos en Euskal Herria. Constata «continuos golpes, la aplicación de electrodos, la provocación de asfixia en los detenidos interrogados y los ejercicios hasta la extenuación».

También por cuarta vez, el Gobierno español lo negaba todo. Adujo que todos esos detenidos lo eran «por realizar actividades en favor de la banda terrorista ETA», como si esto lo justificara todo, aunque añade que el trato dispensado es siempre correcto.

Pero hacía tiempo que Naciones Unidas venía constatando que la legislación de excepción española favorecía los malos tratos y la impunidad policial. El informe del relator de la ONU recogía cada uno de esos 17 casos con los nombres y apellidos de los maltratados y la descripción de lo que se les hizo en dependencias de las FSE.

Denuncia de la actuación de Grande-Marlaska

Como ya se ha expuesto, el mantenimiento estructural de la tortura requiere de una maquinaria engrasada en diversos estamentos del Estado, en el que el judicial es un eslabón fundamental. Pero, a veces, surge un verso suelto. Así ocurrió en 2012. Un juez acusó a Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro de Interior, de no evitar torturas ni investigarlas. En un voto particular en la sentencia que condenó a tres acusados de militar en ETA, el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, en un  voto particular criticó que el instructor del caso no pusiera garantías contra el maltrato y que luego se usaran las autoinculpaciones para construir la condena.

Es preciso detallar que una de las detenidas, Beatriz Etxebarria, denunció haber sido violada «con un palo» por agentes de la Guardia Civil durante los interrogatorios. Iñigo Zapirain sufrió varios ataques de ansiedad y pánico, con un gran dolor en el pecho, al escuchar los gritos de Etxebarria. Otro de los imputados, Daniel Pastor, fue trasladado al hospital dos veces en el periodo de incomunicación, según la versión oficial por haberse autolesionado. Y una cuarta detenida, Lorena López, lo fue probablemente solo para presionar a Pastor. Esta joven quedó libre después, tras casi un año presa, pero no fue juzgada ni condenada junto a los otros tres.

En un voto particular, el juez Ramón Sáez Valcárcel  advierte que no se debió aceptar como prueba la primera declaración judicial de Iñigo Zapirain «después de haber denunciado torturas y negado su anterior manifestación». Recordó que la «mejor forma» para prevenir la tortura es no incorporar a la prueba la confesión del detenido cuando este se retracta con posterioridad y denuncia malos tratos, «desechando como sospechosa la declaración que fue obtenida en un espacio de intensa constricción física, moral y sicológica, como es el caso de la privación cautelar de libertad en régimen de incomunicación, máxime si la medida ha sido ampliada respecto al plazo máximo ordinario de 72 horas».

En este contexto, no se puede olvidar que de las once condenas que el Reino de España acumula por la no investigación de las denuncias de tortura recibidas durante un proceso judicial, el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acumula nada menos que seis.