Alejado de la primera línea política, Joseba Permach aborda la persecución que sufrió en los últimos compases del siglo XX e inicio del XXI la izquierda abertzale, que se saldó con el encarcelamiento de centenares de militantes, entre los que estuvo él. Destaca la «fortaleza» del proyecto independentista de izquierda y la importancia de su arraigo en el seno de la sociedad.

Mucho ha cambiado todo desde que el Tribunal Supremo español ilegalizó hace 21 años a Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. ¿Qué conclusión se puede sacar de aquella estrategia del Estado?

La ilegalización de Batasuna hay que enmarcarla en un proceso general de ilegalizaciones de las diferentes organizaciones de la izquierda abertzale, que en un momento concreto llega a lo que puede ser el referente político e institucional. Se había iniciado en 1996, con el encarcelamiento de Jon Idigoras, luego el 18/98 y otros sumarios y macrosumarios.

Lo que buscaba el Estado era ahogar un proyecto político mediante la utilización de la represión. Su gran error fue pensar que era posible ahogar al independentismo de izquierdas cortándole la cabeza. Erraron porque el proyecto de la izquierda abertzale va más allá de su dirección, está bien enraizado en el pueblo, en el movimiento popular, en el sindicalismo, en las luchas sociales. Hay mucha gente detrás trabajando en los pueblos y barrios de Euskal Herria, no se trata de un proyecto elitista. No es tan fácil acabar con este proyecto por muchas ilegalizaciones y medidas represivas que se apliquen.

Es evidente que esa estrategia hizo daño, pero también es cierto que se acertó desde un principio al intentar responder de forma lo más amplia posible y demostrar que detrás de esos encarcelamientos, de esas personas que eran represaliadas, había todo un pueblo, o por lo menos, una parte muy importante que, además de responder a esos procesos de ilegalización, seguía militando.

El proyecto político de la izquierda abertzale sigue siendo referente. ¿Qué supuso aquella estrategia ilegalizadora?

Un obstáculo. Es evidente que hizo mella en la mayoría de las organizaciones que fueron ilegalizadas. El objetivo principal fueron las direcciones pero también es cierto que, en el caso de la de la juventud, fueron centenares los detenidos, torturados en muchos de los casos y encarcelando a decenas y decenas de jóvenes. Cualquier proyecto político necesita renovarse de forma permanente. Es muy importante. La represión, que se cebó con la juventud, tuvo un efecto desde un punto de vista negativo.

Además, las ilegalizaciones afectaron a formaciones políticas que intentaban presentarse a los ayuntamientos, a organizaciones sociales que trabajaban por los derechos de los presos pero también a dinámicas sociales. Esa represión supuso operaciones policiales, cierre de medios de comunicación. Esa realidad lleva a una parte muy importante de la sociedad vasca a que sea consciente de que, cuando aquí se habla de la violencia y del conflicto vasco, también constate que la violencia del Estado estaba siendo muy, muy dura, contra otros sectores.

En el plano más personal, ¿qué recuerdo tiene de aquellos días?

Más que el momento concreto de la ilegalización son años. Desde 2003 que se nos ilegaliza en mi caso, hasta 2007 que nos detienen o nos llevan a la cárcel, estamos casi seis años en plena ilegalidad, donde pese a todo, seguimos trabajando políticamente porque había un cuerpo social y una base militante que nos lo permitía y que respondía a nuestras iniciativas políticas.

En lo personal, fueron momentos difíciles, porque de forma permanente teníamos a la Policía detrás, sabiendo que de un momento a otro puedes ser detenido

Sí es verdad que, en lo personal, fueron momentos difíciles, porque de forma permanente teníamos a la Policía detrás, sabiendo que de un momento a otro puedes ser detenido. Y cuando tienes familia, en mi caso hijos, todo te afecta. Se hace duro levantarte y no saber muchas veces si a la noche vas a dormir en la misma casa.

Arnaldo Otegi afirmó tras aquella sentencia que «el objetivo del aznarismo era aniquilar al pueblo vasco». No lo logró, pero algunos jueces siguen condicionando hasta la propia acción política del actual Gobierno español. ¿Cómo se puede hacer desaparecer esa espada de Damocles?

Si soy sincero, no sé cómo se puede hacer desaparecer si no es mediante un proceso de democratización que, desde luego, no hubo a la muerte de Franco, y que el régimen del 78, en lo que al aparato judicial se refiere, no tuvo ningún tipo de renovación. Mientras haya proyectos políticos que pongan en cuestión la unidad territorial del Estado español se sigue utilizando la justicia y tribunales concretos para intentar condicionar, incluso al Gobierno de Sánchez.

En lo que nos compete, debemos ser capaces de seguir acumulando mayorías políticas y sociales que hagan muy difícil que esas decisiones judiciales o mecanismos que en determinados momentos se adoptan puedan tener cualquier tipo de legitimación social.

En definitiva, de lo que estamos hablando con la utilización de la justicia o del 'lawfare' es intentar condicionar lo que son decisiones políticas. Hay que conseguir que esas decisiones políticas tengan la mayor legitimidad posible y sean hegemónicas para que esas resoluciones judiciales o no se den o, si se dan, no tengan en ningún caso legitimidad.

En el Estado español, por poner un ejemplo muy simple, creo que las ilegalizaciones seguramente eran entendidas y compartidas por una gran mayoría de la población y, sin embargo, en Euskal Herria, la gente no compartía porque se cerraban periódicos y revistas, se ilegalizaban formaciones políticas y se encarcelaba a gente por desarrollar su actividad política. Es necesario impulsar un proceso de democratización, tanto para recuperar la palabra de los pueblos a los que se nos niega, como para el conjunto del Estado español. Esa tiene que ser una de las funciones de nuestro trabajo.

¿Cree posible que una situación similar pueda volver a producirse?

Es verdad que todavía hay formaciones políticas que se atreven a hablar en esos términos, incluso a solicitarlo, como es el caso de Vox. En estos momentos, el proyecto independentista, el proyecto soberanista, tiene una fortaleza impresionante en Euskal Herria a nivel institucional, pero también en la vertiente política, social y sindical. Esa hegemonía es nuestro mayor antídoto para que no se puedan producir en el futuro operaciones represivas.

Si se van a dar o no, durante ese tiempo de las ilegalizaciones nuestros abogados decían que la judicatura española siempre es capaz de reinventarse a sí misma para hacerle frente al proyecto de la izquierda abertzale y de la izquierda independentista. Por lo tanto, no podemos descartar que se vuelva a intentar. El mejor antídoto es construir mayorías sociales soberanistas, independentistas y progresistas que sirvan como muro de contención.