Una ley y un anhelo de decidir el final de la vida
Mientras que los vascos de Nafarroa Garaia, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa cuentan con una legislación relativa a la eutanasia que fue aprobada por el legislativo español en el año 2021, los de Zuberoa, Nafarroa Beherea y Lapurdi siguen a la espera de una «ley sobre el final de vida» que, tras muchas dudas, Emmanuel Macron parece dispuesto a colocar, por fin, en la agenda.
Pese a la posición obstruccionista de PP y Vox, el legislativo español aprobó la llamada Ley de Eutanasia por amplia mayoría, tal día como hoy, el 18 de marzo de 2021.
Una ley esperada que, por el avance que implicaba y pese a las fallas que se le presumían, saludaron las asociaciones defensoras de la muerte digna.
En la memoria colectiva habían dejado una marca abrupta casos como el del tetrapléjico Roberto Sampedro, que logró escapar de su no-vida el 12 de enero de 1998.
Lo hizo de manera furtiva y sin contar con el refugio –para él y sus cuidadores más cercanos– que otorga un marco legal.
Avanzando en el tiempo, dos familias encabezaron la recogida de firmas que precedió a la aprobación de la Ley de Eutanasia hoy en vigor en Hego Euskal Herria.
Defendieron a dos seres queridos que no podían valerse por sí mismos, Luis de Marcos Vera y Maribel Tellaetxe, esta última vecina de Portugalete.
Una dirección con un nombre tan significativo como sos-amatxu.com sirvió para recabar apoyos para una causa humana, íntima y personal, pero que la sociedad vasca comprendió muy pronto que trascendía lo individual al ser una demanda de buenas prácticas, para vivir y para morir.
Maribel Tellaetxe padecía la enfermedad de Alzheimer y había manifestado una década antes su voluntad de que se le practicara la eutanasia.
Por aquel entonces todavía conservaba sus capacidades intactas.
Su familia se fajó para que esa voluntad fuera respetada. No pudo ser, y Maribel falleció, a los 75 años de edad, un 6 de marzo de 2019, casi dos años antes de que se hiciera realidad el cambio legal.
En la senda de otros estados
También la norma por la que el Estado español tomó la senda de otros países precursores de la eutanasia, como Holanda, Luxemburgo, Canadá, Colombia o Nueva Zelanda, llegó tarde para Luis, que murió antes de que, sobre el aval de esas 280.000 firmas recabadas por su familia y la de Maribel, el Congreso diera respuesta a la demanda de aquellas personas a las que la existencia se les hace insoportable.
Quizás sea esa, la de los límites, la primera aclaración a hacer, ya que la norma española circunscribe el acceso a la eutanasia a «aquellas personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico y causante de incapacidad que provoque un sufrimiento físico o psíquico intolerable sin posibilidad de curación o mejoría».
La ley marca, por lo tanto, un camino balizado, para algunos expertos demasiado largo e intrincado, ya que exige al paciente ratificar su voluntad en las distintas etapas y deja, en todo caso, la decisión final en manos de una Comisión de Garantía y Evaluación.
Hay otras cuestiones, ligadas al periplo del paciente, que cobran hoy por hoy mayor relevancia a la hora de analizar los lastres a la aplicación de esta ley.
De hecho, tal como se recordaba en este diario en un reportaje firmado por Nerea Goti, el estado de salud de ese eslabón básico del sistema sanitario público que es la atención primaria es clave a la hora de facilitar o dificultar un recorrido que no es nunca banal, pero que puede ser más o menos complicado según los medios disponibles.
La explicación de la médico jubilada Marta Barandiaran en este sentido es más que clarificadora: «Sin una primera atención digna no es posible la muerte digna», explicaba en una de las muchas charlas organizadas por Derecho a una Muerte Digna (DMD).
Retraso al norte del Bidasoa
La red de DMD no sabe de fronteras, como lo demuestra la reunión organizada el mes pasado por su sección de Nueva Aquitania en la localidad labortana de Angelu, en la que, por cierto, ejerció de anfitriona la diputada macronista Florence Lasserre.
El gran hándicap al norte del Bidasoa es la cadena de retrasos en la promulgación de una ley a la que se han prestado la derecha republicana y un Emmanuel Macron reticente a tomar la iniciativa.
Tras dejar esa materia aparcada en su primer mandato, el jefe de Estado francés anunciaba, a través de una entrevista con los diarios 'La Croix' y 'Libération', el pasado 10 de marzo, su intención de abordar el debate sobre «el final de vida», evitando expresamente hablar de eutanasia o suicidio asistido.
También en el Estado francés hay casos que pesan como losas en el pasado reciente, y que parecen haber decidido a Macron a impulsar una reforma legal que, aunque el mandatario avance que «planteará criterios drásticos», se anuncia larga y compleja.
La ausencia de una legislación adecuada ha dado lugar a largas querellas jurídicas (caso del joven Vicent Lambert, entre otros casos) y hasta a actos con fuerte dosis de impotencia, como el que llevó a Alain Cocq a tratar de morir, a la vista de todos, en redes sociales.
El dictamen publicado en setiembre de 2022 por el Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE), favorable a legalizar la eutanasia, dio lugar a una maniobra dilatoria a cargo de Macron, que convocó una Convención Ciudadana, ello tras el fiasco del debate bloqueado en abril 2021 en la Asamblea Nacional.
Así las cosas, como la sociedad francesa, los ciudadanos de Ipar Euskal Herria siguen a la espera de que, superando el marco agotado de la ley relativa a cuidados paliativos retocada en 2019, el fin de vida se regule vía un texto de ley que, tras el anuncio de Emmanuel Macron, puede tomar forma a lo largo de este primer semestre de 2024.
