Gabriel Urralburu fue el primer presidente autonómico en pisar la cárcel por aprovecharse de su posición política para cobrar comisiones millonarias abonadas por empresas a cambio de la concesión a dedo de obras públicas en Nafarroa, en lo que se conoció como la «trama navarra del caso Roldán».

Ingresó en prisión tras un largo proceso judicial que se inició en 1994 y que concluyó un día como hoy en 2001 con la sentencia del Tribunal Supremo, que finalmente dejó en solo cuatro años la condena inicial de 11 impuesta por la Audiencia Provincial de Nafarroa.

El Supremo dictaminó que Urralburu cometió el delito de cohecho durante su mandato entre 1987 y 1991, al igual que quien fuera su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, y les impuso una condena de cuatro años y tres años y ocho meses de cárcel, respectivamente. Olivia Balda, esposa de Urralburu, y Ana Isabel Romeo, esposa de Aragón, fueron castigadas a tres años como «cooperadoras» para el cohecho. La multa a abonar por los cuatro ascendía a 1.800 millones de pesetas.

A Luis Roldán y Jorge Esparza, su testaferro, que ya cumplían condena por el 'caso Roldán', el tribunal les impuso tres años de prisión, también por cohecho, y una multa de 500 millones de pesetas a cada uno.

En su sentencia, el TS estimó el recurso de las defensas y, pese a que habían defraudado 68 millones de pesetas a las arcas forales, les retiró la imputación de «delito contra la Hacienda», que suponía siete años adicionales para Urralburu y tres y medio para Aragón, al estimar que quedaba «absorbido» por el delito continuado de cohecho. Las acusaciones, incluido el Ministerio Fiscal, habían defendido la compatibilidad de ambos delitos, una tesis que hizo suya no solo la Audiencia de Nafarroa que juzgó el caso en 1998, sino también la Audiencia de Madrid en la sentencia del 'caso Roldán', ratificada posteriormente por el Supremo, que sin embargo cambiaría de parecer en la causa navarra.

El fallo no cuestionó en ningún momento, sino que confirmó el relato de los hechos establecido en la primera sentencia, que constató que los acusados habían cobrado cientos de millones de pesetas a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

Cifró el volumen defraudado por Urralburu en casi 38 millones de pesetas en 1990, y en algo menos de 30 en 1991. Sin embargo, ni el expresidente ni Aragón fueron condenados por ese concepto, pese a que la sentencia reconocía que «se corrompieron y aprovecharon su posición institucional para corromperse», y señalaba que el comportamiento de los dos exdirigentes del PSN «merece una proporcionada repulsa social».

444 días preso

La satisfacción por el castigo se vio atenuada así por la levedad de la condena impuesta. La acusación popular ejercida por 129 ciudadanos mostró su disconformidad con la sentencia por el cambio de criterio del Supremo en relación al delito fiscal, y destacó la necesidad de un órgano anticorrupción en Nafarroa, al recordar el 'caso Otano' y las «posibles actuaciones ilegales en el tema de Itoiz»

Por su parte, el abogado de Urralburu, Javier Asiain, expresó su «moderada satisfacción» porque «de los tres delitos que le condenaron en un principio le han absuelto de dos».

Desde el partido de Urralburu, Juan José Lizarbe, secretario general del PSN, se apresuró a declarar que se castigaron «comportamientos individuales y no relacionados con el partido» y que con la sentencia se ponía «punto final» al 'caso Urralburu'.

Nada más conocerse la sentencia, el abogado de Urralburu ya auguró que no pasaría más de un año en prisión. Estuvo entre rejas apenas 444 días y luego pasó dos años más en tercer grado. Previamente había pasado seis meses en prisión preventiva, del 1 de diciembre del 1995 al 30 de mayo de 1996. En 2003 quedó definitivamente libre y se marchó a Madrid, a un bufete de abogados.

Un año más tarde, en octubre de 2004, Urralburu y Aragón volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados por otro caso de corrupción, el juicio del 'caso Otano', también acusados de cohecho por el cobro de comisiones ilegales, pero la Audiencia de Nafarroa suspendió el juicio al considerar que los delitos habían prescrito.

El caso de Urralburu es un ejemplo de un efecto evidente de la corrupción: que el dinero robado casi nunca se devuelve. Trece años después del juicio, la Hacienda navarra solo había recuperado, mediante embargos de cuentas, 14.279 de los 530.000 euros que debía como responsabilidad civil, menos de un 3%.

Según el último informe de la Hacienda foral de 2023, debe 561.000 euros a las arcas navarras.

Lideró la división territorial vasca

Además de por ser el primer presidente autonómico encarcelado por corrupción, quien fuera durante años el principal líder del PSN también pasará a la historia como el dirigente que, junto con Víctor Manuel Arbeloa, lideró la partición territorial de Hego Euskal Herria, como repasaba Ramón Sola en este artículo.

Con una trayectoria vital camaleónica –fue sacerdote, antimilitarista...– pasó de defender en 1977 que «están perfectamente unidos los intereses del socialismo y la vinculación de Navarra y País Vasco», de mostrarse convencido de que «si hay tranquilidad, Navarra se va a incorporar al País Vasco» o de manifestarse en 1978 por la autodeterminación en el Aberri Eguna de Iruñea, a dar un giro radical en sus postulados y comparar la posibilidad de la unión territorial vasca con que «España quisiera anexionarse Portugal».

El viraje se hizo evidente en una asamblea en 1981, donde esgrimió ante sus compañeros de partido que anteriormente «la postura no era tan claramente pro-integración. Sí, tal vez, con la boca pequeña, pero no oficialmente». El siguiente paso se dio cuando la Agrupación Socialista de Navarra, de la mano de Urralburu y Arbeloa, abandonó el Partido Socialista de Euskadi (PSE) para crear, en 1982, el PSN, con la partición ya consagrada a través del Amejoramiento.