«Ha muerto Esteban Muruetagoiena, el médico de Oiartzun. El jueves había quedado en libertad sin cargos, tras permanecer aislado durante nueve días bajo la Ley Antiterrorista», escribía 'Egin' en su edición del 30 de marzo, en la que daba cuenta de la jornada de huelga general convocada para ese mismo día en Ondarroa, localidad natal de Muruetagoiena, y de las asambleas y manifestaciones de protesta convocadas en diversas localidades y en los centros sanitarios de Gipuzkoa.

El médico titular de Oiartzun, de 38 años, había sido arrestado en la madrugada del 16 de marzo, acusado de haber atendido, en calidad de médico, a un militante de ETA herido, un caso del que había sido absuelto. Al encontrarse solo, nadie supo de su detención hasta tres días después cuando, al faltar a su consulta, sus amigos y el alcalde de Oiartzun acudieron a su domicilio y comprobaron que estaba todo desordenado.

Tras varias indagaciones, supieron que estaba en la Comandancia de la Guardia Civil en Donostia, desde donde fue trasladado a Madrid. Allí lo tuvieron hasta el día 25, fecha en la que pasó a disposición judicial y quedó libre sin cargos.

Tras quedar en libertad, sus allegados comprobaron «el penoso estado físico y mental» en que se hallaba. Durante el viaje de vuelta a Euskal Herria, su abogado y los hermanos Ibarguren, que también habían sido arrestados en Oiartzun, vieron que «Esteban estaba 'ido' y decía incoherencias, como si estuviese bajo los efectos de alguna droga».

Los días posteriores a su puesta en libertad, el médico «estuvo muy nervioso», según relató a 'Egin' un familiar muy cercano. La víspera de fallecer, al acostarse, manifestó a su madre que «se encontraba mal y que al día siguiente pediría la baja por un mes». En la mañana del día 29, cuando acudieron a despertarle, ya había fallecido.

La noticia de su muerte trascendió a través de Radio Popular de Donostia, pero fue silenciada por «la gran mayoría de medios informativos», según recogía 'Egin', que recibió llamadas desde medios de Barcelona ante la falta de noticias de agencia.

Sus amigos de Ondarroa, HB y Gestoras no tardaron en recalcar que no se trataba de una «muerte natural» y solicitaron a la familia que accediese a la práctica de una autopsia, a la que en un principio se negó. En la asamblea que tuvo lugar en la localidad costera, un familiar muy cercano también apuntó que el médico había fallecido «a causa de las torturas físicas y psíquicas muy duras que ha padecido».

Finalmente, se le practicó la autopsia el 30 de marzo, una vez finalizado el funeral en Ondarroa y cuando se iba a proceder a su entierro. La orden judicial llegó cuando se iba a introducir el féretro en el nicho, por lo que fue llevado al depósito del cementerio. El examen forense lo realizó un médico de Gernika, Faustino Alfageme, que no tenía conocimientos ni herramientas adecuadas, por encargo del gobernador de Gipuzkoa. Comunicó al Juzgado de Gernika que el cuerpo «no presenta signo aparente de violencia física» y que el fallecimiento se debió a un fallo cardíaco.

Sin embargo, los testigos presentes, entre ellos el doctor Esteban Scola, tío de Muruetagoiena, apreciaron indicios de torturas. «La autopsia reveló lo siguiente: el fallecimiento se produjo por un infarto masivo, sin que por ahora puedan determinarse las causas físicas o psíquicas que lo desencadenaron. En la sien derecha había una quemadura circular que evidenciaba la aplicación de corrientes eléctricas por electrodos; en el oído izquierdo presentaba una fuerte otorragia o derrame interno; también se apreciaban indicios de quemaduras en el tórax, inflamación de los testículos y una herida en el empeine del pie. Algunos de los moratones y manchas observadas pueden haberse producido post mortem por movimientos en el traslado del cadáver», detalló 'Egin'. El Gobierno Civil se querelló contra el diario por haberlo publicado.

Muruetagoiena recibió el reconocimiento oficial del Ayuntamiento de Oiartzun, en cuyo ambulatorio hay una placa en su memoria. En 2010 fue repuesta de nuevo tras ser destrozada por un ertzaina, que solo cumplió un castigo de dos meses de empleo y sueldo.

Su caso está a la espera del dictamen de la Comisión de Valoración del Gobierno de Lakua para el reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia del Estado.

Dos policías condenados por torturas en 1983

El caso de Muruetagoiena encarna la crudeza de la tortura que han padecido miles de ciudadanos y ciudadanas vascas, una práctica que ha quedado impune y que se ha castigado en contadas ocasiones.

El 29 de marzo de 1983, la Audiencia Provincial de Bilbo condenó a dos agentes de la Policía española –Amadeo Manuel Abonjo Blanco y Miguel Ángel Gabino García– por los delitos de tortura, lesiones y amenazas al médico y parlamentario de HB Xabier Onaindia durante los nueve días que permaneció detenido en junio de 1979. Les impuso diez años de inhabilitación especial y diez meses de arresto mayor. En 1985, el Supremo ratificó la sentencia, pero un año después ambos seguían activos pese a su inhabilitación.

De acuerdo con el informe oficial sobre la tortura elaborado por el equipo del forense Paco Etxeberria, apenas existen 20 condenas firmes en los tribunales estatales que dan la razón a 31 víctimas sobre unos 5.000 casos censados. Corresponden a casos de entre 1979 y 1992; no hay una condena posterior por hechos posteriores a esa fecha. En el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola hubo condena inicial, anulada posteriormente por el Tribunal Supremo.