Hace hoy 28 años, Xabier Arzalluz, presidente del EBB, acudió a la sede del PP en la calle Génova de Madrid a oficializar el pacto cerrado la víspera en Burgos por los negociadores de ambos partidos para investir a José María Aznar como presidente del Gobierno español.

El jeltzale fue el único de los socios de investidura que rubricó el acuerdo en la sede principal del PP en la capital española, ya que con CiU fue Aznar quien se desplazó a Barcelona, al hotel Majestic, a firmar el pacto y con CC se realizó en el edificio de los grupos parlamentarios. Por ello, algunos interpretaron el viaje de Arzalluz, quien aseguró que la decisión fue suya, como un gesto de pleitesía a la formación que evitó su «marginalidad» en la política española, ya que el respaldo jeltzale no era necesario para que Aznar fuera elegido en primera votación presidente del Gobierno español.

El PP, liderado por Aznar, ganó por la mínima las elecciones a las Cortes españolas celebradas el 3 de marzo, después de que el Gobierno de Felipe González tuviera que adelantar la cita electoral al no obtener apoyo suficiente para sacar adelante sus presupuestos. Los resultados apearon al PSOE del Ejecutivo español después de casi catorce años.
 
La alianza formalizada en la sede principal del PP en Madrid dejó, además, una frase instalada en la memoria colectiva: «He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González», afirmó Arzalluz.

Se refería así al genérico acuerdo de cuatro apartados sobre «el pleno y leal desarrollo del Estatuto de Gernika», cuyo «desarrollo íntegro» se realizará de acuerdo a los principios expresados en el 'Informe sobre prioridades de negociación de las transferencias pendientes', aunque tal y como recogía la crónica de Alberto Cruz en 'Egin', no recogía ni plazos ni concretaba fórmulas que lo hiciera posible. Todavía hoy se siguen «negociando» transferencias pendientes.

También se pactaba sobre el Concierto Económico, con menciones especiales a la capacidad normativa de la CAV en materia de IRPF o impuestos especiales, cuestiones a concretar en el seno de un grupo de trabajo a crear.

El cuarto punto se centraba en el «carácter urgente» de la devolución a los partidos del patrimonio incautado. Además, en el epígrafe «planteamientos de futuro», las formaciones se comprometían a proseguir, tras la investidura de Aznar, las negociaciones para «consolidar los acuerdos en materia de desarrollo estatutario».

El acuerdo, que no habría sido bien acogido en parte de las bases jeltzales, suscitó cierto «temor» entre sus socios en el Gobierno tripartito de Lakua –PSE y EA– presidido por José Antonio Ardanza, y fue considerado como reflejo de su sometimiento al Estado español por HB. El acuerdo, que recibió el aplauso de Confebask, era «una mala noticia para los violentos, porque es muy beneficioso y positivo para la normalización del País Vasco», según expuso Jaime Mayor Oreja, vicesecretario general del PP.

Aseguró, además, que reunir al PNV con toda la derecha estatal «permite que el PP alivie su angustia sobre la posibilidad de que ese partido desapareciese de la vida política española, a efectos parlamentarios, y tuviera la tentación de encerrarse más en la propia sociedad vasca y en dinámicas políticas vascas».

Nuevo toque de atención europeo contra la tortura

Diecisiete años después de ese acuerdo, otro 30 de abril, desde instancias internacionales, el Estado español recibía otro toque de atención por su desidia ante la tortura. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) hizo público su informe sobre la visita realizada dos años antes en el que recogía como «creíbles y consistentes» los testimonios de tortura de diez detenidos durante la primera mitad de 2011; todos ellos fueron arrestados por la Guardia Civil.

El informe destacaba la falta de garantías de la detención incomunicada, reclamaba «tolerancia cero» e investigar las denuncias de tortura.

El CPT señaló que los testimonios eran coincidentes en cuestiones como los golpes recibidos, la colocación de «una bolsa de plástico en la cabeza provocándoles sensaciones de asfixia, una práctica conocida como 'la bolsa', y que simultáneamente les obligaron a realizar ejercicios físicos prolongados», además de amenazas y abusos sexuales.

Uno de los casos recogidos en el informe fue el de Beatriz Etxebarria, que denunció haber sido violada por sus captores con un palo. Su testimonio, difundido por GARA, fue obviado en su momento por la mayoría de agentes políticos, institucionales y medios.

El organismo dependiente de la UE señalaba en su informe que, a la vista de los testimonios, el objetivo de «los malos tratos era el de conseguir que la persona detenida firmara una declaración (es decir, una confesión) antes de que acabara la detención en régimen de incomunicación y confirmar dicha declaración an- tes de la vista oral».

Tras expresar «su profundo recelo» ante estas prácticas, reiteró recomendaba que los detenidos en régimen de incomunicación tuvieron acceso a un abogado desde el inicio de su arresto, así  como en los interrogatorios, para los que aconsejaba un código de conducta. Consideraba, además, que la persona detenida pudiera ser visitada por un médico de su elección junto al forense designado por el juz instructor. El CPT abogaba, también, por comunicar la detención y paradero de la persona arrestada a su familia.

En las alegaciones presentadas por el Gobierno español no había ninguna a los testimonios de los detenidos vascos.