Vestigios de formas de vida que ya no existen, herramientas y expresiones culturales características de grupos muy lejanos en el tiempo se nos desvelan cada cierto tiempo y ofrecen datos y trazos de una evolución que no deja de sorprender. El 4 de mayo de 2011 fue uno de esos días en los que pequeñas huellas abrieron camino a un viaje en el tiempo. La Diputación de Bizkaia presentó parte del conjunto de arte rupestre hallado en una cueva de Askondo, en terrenos privados del municipio de Mañaria.

Cinco caballos pintados en rojo, una mano, dos trazos pareados y un punto rojo, una línea cérvico-dorsal de una animal y una serie de grabados no figurativos, además de un hueso insertado en la pared, que los expertos relacionaron con algún tipo de ceremonia, compusieron la muestra presentada ante la prensa aquel día, unos restos que dataron entre los 28.000 y 18.000 años antes de nuestra era y que, «aunque muy mal conservado», ofrecen información «de enorme interés desde el punto de vista científico en lo que respecta a la actividad gráfica de estas sociedades» paleolíticas.

No era la primera vez que expertos trabajaban en la cueva de Askondo, ubicada entre los montes de Eskubaratz y Unzillaitx, donde a principios del siglo pasado se hallaron ya algunos restos arqueológicos. Deteriorada por incursiones furtivas tras el descubrimiento de dos cráneos de osos de las cavernas en la década de 1960 y por la actividad de una cantera cercana, los arqueólogos Diego Garate, Joseba Ríos y Ander Ugarte llegaron a principios de 2011 a la cueva con la intención de comprobar el estado del yacimiento y hallaron el conjunto formado por dieciséis motivos gráficos.

Muerte en la calle

Otro hilo de vida destruido reveló el 4 de mayo de 2022 otra cara de nuestra realidad social. Ese día se identificó el cadáver hallado en un contenedor durante el proceso de descarga y tratamiento de los residuos en Zabalgarbi, a las fueras de Bilbo, como el de un joven migrante de 20 años que estuvo tutelado por la Diputación de Bizkaia. El joven se habría metido en el contenedor para dormir y no habría advertido la llegada del camión de recogida de basura. Unos meses antes, otro joven estuvo a punto de morir en circunstancias similares. Irungo Harrera Sareak dio a conocer que el chaval casi muere al voltear el camión de la basura el container en el que dormía.

El constante desalojo por parte de la Policía Municipal de Bilbo de personas migrantes que dormían en diferentes puntos de la ciudad y el cierre de instalaciones como las canchas de Atxuri habían llevado ya a distintas organizaciones sociales a lanzar la voz de alarma. Sindicatos como LAB, además, denunciaron «la hipocresía» de las políticas de vivienda y acogida aplicadas por las administraciones públicas para personas en situación de necesidad y vulnerables.

Y es que la muerte de este joven en el contenedor y la de otra persona sin hogar días antes en un banco del parque de Doña Casilda, en el centro de la capital vizcaina, dejaron en evidencia una falta de infraestructuras y programas públicos para acometer procesos de recuperación de una vida autónoma y de atender necesidades sociales.

Juicio en la Audiencia Nacional española

Otro 4 de mayo desveló también otro capítulo frecuente en nuestra historia reciente, la de los juicios políticos. Ese día de 2015 arrancó en la Audiencia Nacional española en San Fernando de Henares la vista contra diez jóvenes de Iruñerria acusados de pertenecer a Segi. Cada uno de ellos se enfrentaban a diez años de cárcel.  

La sesión estuvo marcada por los testimonios de los malos tratos sufridos durante los días que permanecieron detenidos en situación de incomunicación. Los golpes, amenazas y la aplicación de la bolsa fueron elementos constantes en sus relatos sobre el paso por dependencias policiales, recuerdos que siete años después aún les cortaba el aliento y les obligaba a interrumpir sus declaraciones.

Denunciaron lo sufrido al  comparecer ante el juez, pero sus denuncias fueron desestimadas. Una de ellas, la presentada por Oihan Ataun, llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó, otra vez más, al Estado español por no investigar.

Meses después se conoció la sentencia, que absolvió a los diez jóvenes de los hechos imputados.