A principios del año 1997, Juan Mari Atutxa, a la sazón consejero de Interior con el lehendakari José Antonio Ardanza, instruyó al gabinete de prensa de su departamento para que se acusara públicamente de participar en «grupos Y de apoyo a ETA» a todas las personas detenidas en base a imputaciones relacionadas con la «kale borroka».

Así lo reconoció el propio Atutxa en una entrevista que el diario 'El Mundo' publicó tal día como hoy en 1997, y que 'Egin' recogió en sus páginas el día siguiente.

Los efectos de aquella estrategia fueron mucho más allá de una acusación genérica o de grandes titulares, pues tuvieron graves consecuencias penales para sus víctimas. Así lo entendió también 'Egin': «Un vistazo al Código Penal demuestra que las penas de cárcel previstas para estos casos quintuplican, en ocasiones, a las que se imponen por el mismo delito cuando no se encuadra dentro del Capítulo V, relativo a casos de 'terrorismo'».

«Así –continuaba– una acusación de 'estragos' o 'incendio' debe castigarse con quince a veinte años de cárcel, que se quedarían en un tramo de uno a cuatro años si el Tribunal no aprecia vinculación con ETA».

El que fuera máximo responsable de la Ertzaintza no solo se jactaba de estar detrás de aquel montaje, sino que casi acusaba a los medios de comunicación de haberle obligado a dar ese paso por poner en duda la eficacia de su Policía frente a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

«No detenemos ahora más 'grupos Y' que antes. Pero hay una diferencia. Esa diferencia es que tomamos la determinación de empezar a llamar 'grupo Y' a lo que antes no llamábamos 'grupo Y'. La diferencia está ahí».

El periodista preguntó entonces si el único fin de aquel movimiento era «vender imagen», a lo que Atutxa respondió: «No, no. Para vender no, para satisfacer la apetencia de los medios de comunicación».

Con la perspectiva de los años resultaría prácticamente imposible cuantificar las consecuencias que para cientos de jóvenes vascos ha tenido aquel paso de Atutxa, pero sí que puede interpretarse como el inicio de una estrategia que conllevó a todos los detenidos su paso por Madrid –incomunicación incluida, por supuesto– y, en muchos de los casos, con elevadísimas condenas de cárcel.

Muerte en prisión y protestas en las calles

En esa situación de privación de libertad murió, precisamente, José Manuel Sevillano, de los GRAPO, tras 177 días en huelga de hambre. Ocurrió el 25 de mayo de 1990. Tenía solo 30 años de edad.

Sevillano llevaba sin ingerir alimentos desde el 30 de noviembre, casi seis meses, cuando falleció como consecuencia de una «parada cardiorrespiratoria irreversible», aunque durante los últimos tres meses sí que había recibido alimentación forzosa por vía intravenosa.

Había iniciado aquella protesta junto a cerca de sesenta militantes de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO), para exigir la reagrupación de todos los compañeros presos, que se encontraban dispersados en distintas cárceles de todo el Estado.

Sevillano fue el segundo de los «grapos» muertos en huelga de hambre, después de que el 19 de junio de 1981 falleciera el vizcaíno Juan José Crespo Galende, que se había mantenido en ayuno durante 96 días.

En aquella ocasión, los presos habían comenzado la protesta para exigir mejoras en las condiciones de vida en prisión y, en especial, para protestar por el régimen de aislamiento de los internos en Herrera de la Mancha.

En su información, cuyo encabezado rezaba «la dispersión se cobra la primera muerte», 'Egin' destacaba el atronador silencio que siguió a la muerte de Sevillano. El vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, señaló que a lo ocurrido no cabía añadirle «ningún comentario político», mientras que el ministro de Justicia, Enrique Múgica, se limitó a negar cualquier responsabilidad en este desenlace y afirmó que la política de dispersión seguiría por ser «buena y necesaria». Ese silencio entre los partidos con representación en el Congreso fue también unánime, a excepción de HB, que culpó al Ejecutivo español de lo ocurrido.

La reacción a este terrible desenlace no se hizo esperar. Mientras las autoridades españolas se pusieron en alerta ante un eventual atentado de los GRAPO, se produjeron protestas tanto en el Estado como en Euskal Herria. En Iruñea, por ejemplo, dos personas resultaron heridas de gravedad por disparos de la Policía durante una manifestación apenas unas horas después de que trascendiera la muerte del preso.

Garbiñe Aranburu, secretaria general de LAB

Otro 25 de mayo, pero ya en 2017, Garbiñe Aranburu llegaba a la Secretaría General de LAB en sustitución de Ainhoa Etxaide.

Nueve años después de haber tomado el relevo de Rafa Díez al frente de LAB, Etxaide hacía lo propio y cedía el testigo a Garbiñe Aranburu, que obtuvo el 91,5% de los votos –era la única candidata– en el IX Congreso Nacional que la central abertzale celebró en el Palacio Europa de Gasteiz bajo el lema «LAB 4.0 Gure garaia».

En su primera intervención, que clausuraría el cónclave al día siguiente, Aranburu defendió la movilización para limitar el poder de la patronal y hacer frente a la precariedad: «Ahora es tiempo de condicionar el debate político», proclamó.

Uno de los momentos más emotivos fue el momento en que Naike Díez leyó a los presentes una carta de su padre, Rafa Díez, enviada desde la prisión de El Dueso, donde cumplía condena por el llamado 'caso Bateragune'. El ex secretario general de LAB puso en valor el «cambio estratégico» en el seno de la izquierda abertzale, que dio pie a «una nueva fase, otorgando nuevas oportunidades a la lucha por el Estado vasco».

«La nueva fase y los nuevos retos –apuntaba Díez en su misiva, que NAIZ reprodujo de forma íntegra– requieren de nuevas herramientas. En mi opinión, muchas fuerzas se han articulado por el cambio político y social, pero están bastante diseminadas. Necesitamos nuevas palancas para construir las vías de la ilusión colectiva».