Euskal Herria y sus gentes han tenido que librar a lo largo de su historia numerosas y muy diversas batallas. Algunas, por convencimiento propio. Otras, porque alguien –en Madrid, en París o mucho más cerca– no ha dejado otro remedio. Todas ellas han ayudado a conformar lo que somos hoy día. Pero también han dejado una larguísima lista de peripecias y situaciones que en otras latitudes parecerían inimaginables.

Una de ellas podría ser, por ejemplo, el cierre del diario 'Egin' por orden del juez Baltasar Garzón, una decisión cuyas consecuencias se prolongaron durante más de 20 años y pusieron incluso en riesgo el futuro de GARA al obligarle a hacer frente a un expolio de tres millones de euros.

Esas décadas dejaron muchas fechas marcadas en el calendario y en la retina. Años de cárcel. Quebraderos de cabeza. Pero, por encima de todo ello, el compromiso del proyecto con el país que lo alumbró y lo ha sostenido en las duras y en las maduras.

Una de esas efemérides aparece vinculada a este 26 de mayo, cuando, en 2009, el Tribunal Supremo español hizo pública su sentencia sobre el recurso presentado contra las condenas de la Audiencia Nacional en el macroproceso 18/98.

Aquel fallo rebajaba las condenas de todos los encausados y absolvía a nueve de ellos, pero impuso igualmente fuertes penas por mera actividad política. Sin embargo, lo llamativo es que, cuando estaban a punto de cumplirse once años del cierre por la fuerza de 'Egin' y Egin Irratia, se decidió dejar sin efecto la declaración de ilicitud de las actividades y la disolución de Orain S.A. y del resto de empresas que contribuían a la edición del periódico. Además, dejó también invalidados «el comiso y liquidación de su patrimonio».

Instalaciones en ruinas

No había motivo, por tanto, para haber clausurado las empresas y debían volver a manos de sus administradores naturales. Pero no fue así. También aquellos a quienes en su día se encomendó la administración judicial debían de haber velado por preservar la actividad empresarial y los bienes de las cinco sociedades afectadas por la 'Operación Persiana'. Pero tampoco fue así.

De hecho, esa muerte administrativa del patrimonio pudo ser comprobada in situ cuando, el 6 de mayo de 2012, el que fuera apoderado de Orain, Tomás Arrizabalaga, y los abogados de la empresa Álvaro Reizabal e Iñigo Iruin pudieron acceder a las instalaciones del antiguo periódico en el polígono Eziago de Hernani. El panorama era desolador, como contó Fermin Munarriz, uno de los informadores que participó en aquella visita, que sirvió para constatar que esa desidia había desembocado en un irreparable deterioro, prácticamente hasta la ruina.

Lo que pudo rescatarse –apenas un 40% de los fondos– quedó en marzo de 2018 en manos de la dirección de Patrimonio Cultural de Lakua, que lo trasladó hasta el Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbo, para su utilización como patrimonio documental por parte de investigadores.

La del 18/98, lamentablemente, no fue la única vez en que la actividad periodística de 'Egin' fue perseguida. Tampoco en el caso de GARA. Prueba de ello es que este mismo día coincide con la detención e incomunicación, en 1979, de Xabier Galdeano, miembro del Consejo de Administración de 'Egin'.

Apenas seis años más tarde, el periodista volvió a saltar a las portadas, cuando los GAL acabó con su vida, como ya recogió Amaia Ugarte en Artefaktua el pasado mes de marzo.

A tiros contra Korrika

Otro 26 de mayo, pero en 1982, un joven que esperaba en su coche la llegada de Korrika, resultó herido leve al recibir dos disparos de escopeta desde la ventana de una casa en Azpeitia. El agresor, que también había disparado –sin acertar– a un policía municipal, resultó ser un exlegionario que se entregó a la Guardia Civil.

 

El corredor tuvo que ser trasladado al ambulatorio de Azpeitia y, de allí, a la Policlínica de Donostia para que le extrajeran los perdigones.

Las ikastolas, sin abrigo oficial

En 1993, otra noticia de gran relevancia ocupaba la práctica totalidad de la portada de 'Egin': la decisión de Lakua de dejar sin apoyo oficial a las ikastolas. Desde entonces, para la Administración, solo existirían centros públicos o privados. 

Algunos de los centros sí que optaron en aquel contexto por integrarse en la red pública –manteniendo en ciertos casos la denominación de «ikastola»–, pero la crónica del día interpretaba lo ocurrido como un intento de acabar con el movimiento de las ikastolas y su lucha por un modelo propio para el país.

Ese mismo día, la Confederación de Ikastolas ofreció una rueda de prensa en la que denunció los «chantajes y presiones» del Departamento de Educación, pero, por encima de todo, se mostró satisfecha con la cantidad de centros que decidieron no integrarse en la red pública: en total, el 57,3% en Gipuzkoa, el 63,92% en Gipuzkoa y el 70,8% de Araba, según los datos que aportó 'Egin' en sus páginas.

30 años más tarde, el proceso para aprobar una Ley de Educación en el Parlamento de Gasteiz volvería a ser motivo de gran controversia, al pasar de aprobarse las bases en 2022 con el respaldo del 91% de la Cámara a salir adelante con el apoyo de apenas el 54% que sumaban PNV y PSE.