Comandos de élite israelíes abordaron a sangre y fuego en aguas internacionales la flotilla humanitaria que buscaba romper el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza, matando a diez personas, nueve turcas y una estadounidense de origen turco y dejando decenas de heridos. Israel intentó justificar su operación arguyendo que los barcos llevaban armas para Hamas, como EEUU y sus aliados hicieron aludiendo a la existencia de unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron para invadir Irak.

«Israel convierte en un baño de sangre el viaje a Palestina de una flotilla humanitaria», titulaba GARA la información que abría el periódico al día siguiente, cuando todavía se desconocía el número exacto de víctimas mortales y sus identidades, así como las condiciones en las que se encontraban los supervivientes que Israel «secuestró» y encarceló, debido al férreo bloqueo informativo impuesto por Tel Aviv y que se prolongó durante varios días.

El entonces portavoz de Exteriores, Yigal Palmor, recurrió al sarcasmo al ser preguntado por la razón por la que Israel no había informado de la identidad de los fallecidos: «Es muy difícil identificar a alguien muerto, que no puede responder, cuando sus amigos se niegan a dar cualquier información».

El régimen sionista justificó la matanza apelando a un «estado de guerra» con Gaza que nunca se había declarado y en base al cual la legislación internacional le «autorizaba a imponer el bloqueo» a la Franja y le «amparaba» en el momento en que los barcos «mostraron una clara intención de violar el bloqueo». Su versión se limitaba a señalar que los soldados fueron atacados al llegar a una de las embarcaciones y a acusar a IHH, la organizadora de la flotilla, de ser un «grupo violento y radical», cuando se trata de una organización caritativa musulmana equivalente a la Cáritas del mundo católico.

No se tardó en desmentir la versión israelí sobre lo ocurrido en la madrugada del 31 de mayo de 2010. Imágenes grabadas por la televisión turca y Al-Jazeera, que los comandos no pudieron requisar o destruir, no mostraban en ningún momento a los ocupantes del principal barco de la flotilla, el 'Mavi Marmara', con armas, a pesar de que Israel había difundido vídeos en los que supuestamente se veía a activistas golpeando a soldados con palos para justificar la masacre. «Izamos la bandera blanca. (…) Esto es una guerra», declaró una activista entonces.

Respuesta tibia

A medida que los 600 activistas iban siendo deportados o excarcelados se iban conociendo los detalles del asalto a la flotilla, que echaban por tierra la versión oficial de la existencia de armas en los barcos abordados y del ataque a los soldados, que empezaron a disparar de forma indiscriminada antes incluso de poner pie sobre la cubierta del 'Mavi Marmara'. De hecho, la mayoría de los muertos recibieron disparos desde arriba, uno tenía varios tiros en la cara y otro, un impacto en la frente.

Además, denunciaron el trato vejatorio recibido cuando fueron llevados al puerto de Ashdod, donde se les obligó a firmar documentos en los que asumían su entrada ilegal en el país para proceder a su deportación y para evitar su ingreso en la prisión de Beer Sheva, donde apenas les dieron de comer y beber.

El editorial de GARA de aquel 1 de junio recordaba que, entonces y siempre, el pretexto de Israel es el «terrorismo», y que igual que a ojos del sionismo ser palestino es siempre sospechoso, quienes se dirigían a Gaza con ayuda eran «terroristas». Señalaba la deshonra ante el mundo de Israel, que había dejado en ridículo a sus aliados, y apelaba a la presión ciudadana porque había tantos motivos para ejercer el boicot contra Israel como los hubo para boicotear a la Sudáfrica del apartheid.

Desde todos los rincones del mundo se sucedieron las reacciones de denuncia, pero la respuesta internacional fue de nuevo tibia, sin una sanción ni ningún otro tipo de castigo para Israel, que había vuelto a jugar la baza de la impunidad. Eso posibilitó que, gracias al apoyo incondicional de sus aliados, haya seguido haciendo gala de la impunidad hasta llegar al actual nivel de destrucción y muerte en la Franja de Gaza.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió en vano que el mundo castigara los crímenes sionistas. El régimen sionista, por contra, amenazó con actuar de la misma forma contra cualquier iniciativa que intentara romper el bloqueo a Gaza, un bloqueo que cumple ya diecisiete años.

 

Juicio a Öcalan

También en el plano internacional, un 31 de mayo, pero de 1999, comenzaba el juicio en la cárcel de la isla de Imrali, en el mar de Mármara, contra el líder kurdo Abdullah Öcalan, tres meses después de su detención en Kenia el 15 de febrero. Öcalan utilizó esa tribuna para explicar el problema kurdo y las posibles soluciones; durante la primera sesión abogó por abrir un proceso de paz para resolver el conflicto al considerar que «los pueblos turco y kurdo no deben enfrentarse». Öcalan, de 75 de edad, ha cumplido 25 de aislamiento total al ser el único preso en Imrali.

El líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que desde de su arresto permanece como único preso en Imrali, leyó entonces una declaración de 81 páginas redactada utilizando la terminología oficial del Estado turco, por lo que sorprendió a los observadores extranjeros, pese a que Öcalan intentó dar veracidad a la misma afirmando no haber sido presionado ni torturado. Sus declaraciones, sin embargo, fueron manipuladas, según denunciaron juristas internacionales, ya que la televisión pública turca tuvo acceso al juicio y retransmitió sus palabras, siempre coincidentes con el discurso de Ankara. El resto de periodistas siguieron el juicio a través de un circuito de televisión, con un traductor oficial.

El abogado Txema Montero, que se desplazó entonces a Turquía, señaló que sus palabras estaban siendo manipuladas. Y citó tres ejemplos, según recogió GARA: informar de que Öcalan había pedido perdón, cuando lo que dijo fue que compartía «el sentimiento de las víctimas y de los familiares»; que se ponía en manos «del Estado democrático turco», cuando en realidad había dicho que se había ofrecido para «iniciar un proceso de paz que lleve a la democracia plena», y que pedía que se le diese un trato de favor porque quería colaborar con el Gobierno, cuando lo que solicitó fue la amnistía para todos los presos de conciencia y sindicalistas, no solo para él y los de su partido.

El juicio se desarrolló sin garantías, con un tribunal militar, sin la presencia en la sala de observadores internacionales y sin permitir a los abogados de la defensa que se reunieran con Öcalan, por lo que se reclamó su nulidad. Pero en 1999 el líder kurdo fue condenado a muerte, pena que le fue conmutada por cadena perpetua en 2002, cuando la primera fue abolida en el país.

Extradición de Mladic

Doce años más tarde, en 2011, también un 31 de mayo, Serbia entregó al general serbobosnio Ratko Mladic, conocido como «el carnicero de Srebrenica», al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) de La Haya, donde fue juzgado por genocidio y crímenes de guerra en relación con la guerra de Bosnia (1992-1995) y, en concreto, por el genocidio de 8.000 varones musulmanes en Srebrenica en 1995. El hombre más buscado de las guerras en los Balcanes fue detenido el 26 de mayo en la provincia fronteriza de Vojvodina, que se había convertido en refugio de los criminales de guerra serbios.

Durante 16 años, Belgrado mantuvo que desconocía el paradero de Mladic, aunque medios locales lo habían situado justo en la zona en la que fue capturado. Su arresto llegó en un momento crucial en las relaciones entre Serbia y la Unión Europea por la falta de cooperación de Belgrado en la búsqueda de criminales de guerra, tal y como constató GARA.

Mladic fue condenado en noviembre de 2017 a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, veredicto que el general recibió entre gritos.