El 1 de junio de 1996, cuatro mil personas se desplazaron a Bruselas para participar en la marcha «Freedom for the Basque Country». Durante el acto político final se produjo la sorpresa de la jornada, cuando Rosa Alkorta y Patxi Hernández, en nombre del medio centenar de deportados vascos, anunciaban la firme determinación del colectivo de romper con la estrategia represiva que los condujo a la deportación.

Tras diez años expulsados de Euskal Herria, confirmaron el fracaso de la medida acordada por los Estados español y francés al señalar que «gracias a la solidaridad del pueblo vasco y de otros pueblos hemos conseguido mantenernos unidos y firmes como represaliados políticos».

Aquel día de 1996 escribió Martin Garitano en 'Egin' que, frente a las fotografías de los presos políticos vascos, Alkorta y Hernández remarcaron también la apuesta del colectivo por la Alternativa Democrática hecha pública por ETA el 26 de abril de 1995 como primer paso para superar el conflicto.

En su comunicado, publicado ese mismo día en 'Egin', los deportados explicaron la decisión de «acabar con la situación injusta e ilegal producida por la deportación», tras más de una década «condenados al exilio forzoso» por Madrid y París para «crear una situación de indefensión y dependencia respecto a su estrategia represiva», algo que subrayaron que no lo habían conseguido. «El pueblo vasco (…) ha aprendido a responder y rebelarse ante tanta injusticia», afirmaron.

Recordaron que la deportación forma parte de la misma estrategia represiva que el terrorismo de Estado, la dispersión de los presos, la opresión cultural... Una estrategia en la que los Estados español y francés no dudaron en implicar a terceros países y «utilizar a los ciudadanos vascos como moneda de cambio en sus relaciones económicas», utilizando para ello «la tergiversación y la falsedad para presentarnos como simples terroristas».

«Los compañeros en situación de deportación hemos sido secuestrados, castigados y, en algunos casos, torturados. Desposeídos de cualquier estatus jurídico y con los mínimos recursos», subrayaron. Y es que el castigo «irregular» de la deportación deja indefensas a las personas que son abandonadas lejos de su tierra sin el derecho a defenderse al no estar regularizada su situación.

Por eso decidieron emprender el camino de vuelta a Euskal Herria. En una entrevista publicada ese mismo día en las páginas de 'Egin', Alkorta y Hernández defendían: «Tenemos todo el derecho a vivir donde queramos».

A la caza

La Policía española desplegó una operación «en busca del deportado», como titulaba 'Egin' tras ese anuncio. Los 69 autobuses que se habían desplazado desde Hego Euskal Herria a la marcha de Bruselas fueron detenidos y registrados en un control instalado en el puente sobre el río Bidasoa, en Behobia. Los agentes identificaron a todos sus ocupantes, llegando a amenazar y golpear a algunos de ellos.

Juan Mari Olano, portavoz de las Gestoras pro Amnistía, calificó los hechos de «venganza miserable» y le recordó a la Policía que Euskal Herria «no termina en el Bidasoa, es más extensa».

Como dato, mencionar que los deportados vascos en Panamá fueron testigos de primera línea de la invasión del país por parte de EEUU en 1989 y fue monseñor José Laboa quien les acogió en la Nunciatura, evitando así que su vida corriera peligro. El abogado Miguel Castells recordaba en una nota publicada en NAIZ, que si no hubiera sido por Laboa «habrían desaparecido, los habrían matado, porque eran 'sin papeles' y, además, con el sambenito de 'terroristas'». Acabaron saliendo hacia Venezuela en un avión privado.

Años después del anuncio de Bruselas, el 27 de enero de 2018, NAIZ recogía las palabras pronunciadas en una mesa redonda por Eugenio Etxebeste, 'Antxon', deportado a República Dominicana, Ecuador, Argelia (como interlocutor de ETA) y, de nuevo, República Dominicana. Un periplo de 13 años sin personalidad jurídica, sin libertad de circulación, sin trabajo, con micrófonos en casa... La deportación, «en realidad es internamiento, confinamiento, secuestro», subrayó 'Antxon'. «Los olvidados de la tierra», fue el titular que dejó en una entrevista con 'Egin'. «Los más olvidados entre los olvidados», aseguró Bixen Mujika, quien también fuera deportado.

En los orígenes de esta estrategia represiva estaba el confinamiento de una docena de refugiados vascos en la pequeña isla de Yeu, frente a las costas bretonas, cerca de Nantes. Los primeros trece confinados llegaron en abril y mayo de 1976, de donde se fugaron en julio. La isla fue elegida de nuevo al año siguiente para acoger a otro grupo de confinados, esta vez con vigilancia policial, que a veces se elevaba a 150 agentes CRS. Estos doce vascos dejaron Yeu en febrero de 1977, después de que el Gobierno francés anulara el confinamiento.

Desde el inicio de las deportaciones a mediados de la década de los 80 del pasado siglo, 70 ciudadanos y ciudadanas vascas han sufrido ese castigo, y una docena de ellas han fallecido lejos de su hogar, según datos de Etxerat recogidos por GARA en septiembre de 2022.

La anunciada el 1 de junio de 1996 fue una decisión importante, pero en abril de 2022 Sortu instaba todavía a Madrid y a París a que dieran pasos efectivos para la anulación de la deportación. Y recordaba que después de cuatro décadas, ocho personas seguían aún deportadas y había otras 25 exiliadas por el mundo.

Desalojo de Moncloa

Dos décadas después, en 2018, se producía otro hecho importante, la moción de censura que desalojaba al PP de Moncloa. «El impulso vasco y catalán logra por fin echar a Mariano Rajoy y al PP», titulaba GARA el mismo 1 de junio, cuando informaba de la primera sesión del debate, «en la que el soberanismo se convirtió en el instrumento imprescindible de un movimiento desencadenado por la corrupción».

La víspera, 31 de mayo, el PP, después de haber sido condenado por corrupto, pasaba a la oposición gracias a la primera moción de censura con éxito en el Estado español, una vía muy inusual también en el conjunto de los sistemas parlamentarios del mundo, donde apenas prospera un 5%.

Pedro Sánchez, el candidato a sustituir a Rajoy, ofreció diálogo desde el reconocimiento a los soberanistas y la defensa de la legitimidad de todos los votos, muchos de ellos, como manifestó la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, por «higiene democrática».

El día 1 fue elegido presidente del Gobierno por 180 votos, los mismos que desalojaron a su predecesor y entre los que se incluían los del PNV, que decidió sacrificar a Rajoy a pesar de que una semana antes le había dado un balón de oxígeno al ayudarle a sacar adelante sus presupuestos.