Una pelea de bar en la que se vieron implicados dos guardias civiles fuera de servicio sirvió de pretexto para configurar una versión oficial criminalizadora que poco a poco policías, prensa y políticos españoles –y no tan españoles– la fueron cebando con mentiras hasta que hizo saltar por los aires cualquier atisbo de democracia o justicia.

En el periódico del 16 de octubre de 2016, una noticia en GARA alertaba de la detención de dos jóvenes de 22 años en Altsasu la noche anterior tras un altercado en las inmediaciones del bar Koxka con dos guardias civiles y sus parejas que, según Ospa Mugimendua, amenazaron a varios altsasuarras con meterles «un tiro entre ceja y ceja» y, según la versión oficial que ya estaban entretejiendo Guardia Civil y Delegación del Gobierno español, los agentes fueron increpados y posteriormente agredidos por un grupo de personas al ser reconocidos como miembros del instituto armado.

Los detenidos eran Jokin Unamuno y Aritz Urdangarin –que más tarde vería su caso sobreseído–. Les imputaban delitos de «lesiones» y «atentado a la autoridad». Aún no estaba claro lo que había ocurrido, pero tenía toda la pinta de que fue una pelea de bar de madrugada, sin más.

Pero el tema gustó tanto al espectro mediático español que, de un día a otro, el presidente Mariano Rajoy convirtió la trifulca en «brutal agresión» y prometió: «No habrá impunidad». De repente, los agentes que no mostraron más lesiones que un tobillo roto y contusiones leves fueron «agredidos ignominiosamente en una encerrona de cincuenta personas que los apalearon», según aseveró el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Esperanza Aguirre, entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento madrileño, echó a volar el fantasma de siempre, al cual veneraron después muchas personas más, y que meó sobre mojado: «Los que quieren vender la idea de que ETA está derrotada tienen que tener en cuenta que esta violencia es terrorismo», dijo. Covite mostró su intención de personarse en la causa para solicitar «penas por odio en conexión con un delito de terrorismo».

Las máquinas del Estado funcionaban a todo trapo para imprimir su relato: la Guardia Civil había robado el caso a la Policía Foral y en noviembre la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, asumió el caso. Empezaron a desfilar nombres, como si de un sorteo se tratara. Y el 14 de noviembre la Guardia Civil detuvo a nueve personas, a pesar de que todos ellos habían mostrado su intención de declarar voluntariamente. Finalmente, tras varios vaivenes, ocho nombres saldrían a la palestra: Ainara Urkijo, Oihan Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda, Iñaki Abad, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola y Julen Goikoetxea.

Fueron juzgados entre abril y mayo del 2018 y, para entones, Arnanz, Ramírez de Alda y Unamuno llevaban un año y medio en prisión preventiva. La Audiencia Nacional dictó sentencia el 1 de junio: descartó que hubiera «terrorismo», pero impuso las penas máximas por delitos de «atentado» a los agentes de la autoridad, «lesiones, desórdenes públicos y amenazas». Las penas oscilaban entre los 2 y 13 años de prisión. Un despropósito tras un juicio vacío de pruebas acusatorias e intencional. Y el 5 de junio, la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión de Abad, Urrizola, Cob y Goikoetxea.

Euskal Herria no se dejó quebrar

La anterior era solamente una parte del caso Altasu, pues en la medida en que fue alimentándose la versión oficial, vecinos y vecinas de Altsasu, después de Sakana, después de Nafarroa, después de Euskal Herria y hasta más allá de estas lindes, fueron tejiendo alianzas y formando un muro de contención solidario para proteger a los jóvenes e intentar que el ansia de los poderes derechistas y españolistas de criminalizar a la juventud vasca no recayera a plomo sobre ellos. En realidad, poca gente en Euskal Herria se tragó la versión policial, e incluso los que en un primer momento se apresuraron a condenar lo que entendieron como agresión, como PSN, se sumaron después a las movilizaciones para reclamar proporcionalidad.

Desde octubre de 2016 hasta junio de 2018, se realizaron decenas de movilizaciones en solidaridad con los jóvenes de Altsasu. Pero la manifestación del 16 de junio de ese año, dos semanas después de la sentencia, once días después de las detenciones… Nunca se había visto nada igual en Iruñea.

El montaje policial, judicial y mediático intentó quebrar a los ocho jóvenes, a sus familias, y a la sociedad vasca en general. Y a la vista está que no lo consiguió: ese 16 de junio, hoy hace seis años, Altsasu, municipio que no llega a los 8.000 habitantes, consiguió multiplicar la solidaridad hasta las 80.000 personas en Iruñea. «Revuelta cívica por la injusticia del caso Altsasu», tituló GARA su portada del día siguiente. El dolor causado era irrevocable, pero las imágenes de ese día quedarán grabadas en la memoria colectiva del país.

Días después, el Tribunal Supremo español emitió una sentencia que establecía una ligera rebaja a las condenas al no aplicar el agravante de «discriminación» ni el de «abuso de superioridad», pero mantuvo penas de entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses.

Entre 2020 y 2021, algunos de los jóvenes encarcelados comenzaron a recuperar sus vidas en Altsasu tras otorgárseles el tercer grado, y poco a poco el caso encauza su final con el cumplimiento de las condenas. Falta que Arnanz, Goikoetxea y Cob se libren de las pulseras electrónicas para que la pesadilla finalmente acabe.