La primera reacción del entonces ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, al acuerdo entre Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale fue avanzar que «mejorarían» la Ley Electoral para impedir una hipotética presencia de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de 2011. Pero concurrió y fue la segunda fuerza del país y primera en concejales electos.

Otro 20 de junio, esta vez de 2012, Sortu logró el aval legal. La izquierda abertzale dejaba atrás una época de ilegalización que duró una década; y, además, lo hacía con los cimientos de una nueva izquierda independentista que supondría, tal como venía anunciando Arnaldo Otegi, «un bloque histórico que sume fuerzas a la izquierda del PNV» (entrevista en GARA, 30/11/2008).

La foto del 20 de junio de 2010 del secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, y el representante de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria es la imagen «de una primera piedra para la nueva herramienta tanto política como organizativa que necesitaba el independentismo de izquierdas», según afirman los firmantes del acuerdo en una entrevista concedida a NAIZ irratia para Artefaktua.

La cronología de la década anterior a ese acuerdo es estremecedora. PP y PSOE llevaron la nueva Ley de Partidos al Congreso español en junio de 2002. A partir de ahí son tiempos de ilegalización, suspensión de actividades, redadas, cierres de sedes, ruedas de prensa proscritas, estraperlo de papeletas electorales, tongos, alcaldes y alcaldesas paracaidistas, lehendakaris llamados a declarar, altos representantes institucionales condenados por su actividad parlamentaria…

El Gobierno español había anunciado la ilegalización de Batasuna, el PSOE dijo sumarse «a la necesidad de ahogar a Batasuna». Arnaldo Otegi respondió que los independentistas «aceptan el órdago, porque este pueblo tiene cartas para ganarlo».

La izquierda independentista nunca cejó en su empeño de seguir manteniendo la representación institucional que le correspondía. Lo hizo primero con Autodeterminaziorako Bilgunea (2003), después con Herritarren Zerrenda (2004), Aukera Guztiak y EHAK (2005), Abertzale Sozialisten Batasuna, ANV y cientos de plataformas locales (2007), D3M e Iniciativa Internacionalista–Solidaridad entre los Pueblos (2009). Estas últimas opciones electorales se dieron en pleno acercamiento entre la izquierda independentista y Eusko Alkartasuna.

El 10 de noviembre de 2008, Eusko Alkartasuna anunció que concurriría en solitario a la próxima cita electoral en la Comunidad Autónoma Vasca. Suponía un cambio de rumbo tras una década en coalición con el PNV. La izquierda abertzale saludó la decisión y apeló a la colaboración. Se intuía cierta sintonía: «EA y la izquierda abertzale coincidieron ayer en dos ruedas de prensa separadas en la necesidad de buscar la estructuración de un polo soberanista en Euskal Herria que permita dar un salto en la superación del marco actual» (GARA, 13/11/2008). Dos semanas después, entrevistado en GARA, Arnaldo Otegi afirmaba que «los independentistas tenemos la necesidad de liderar este momento histórico, lo que pasa por construir una alternativa al PNV».

Aunque hubo acercamientos entre ambas familias políticas para, incluso, concurrir de manera conjunta a las autonómicas de 2009, no hubo acuerdo. La izquierda abertzale acudió a las urnas el 1 de marzo con la marca D3M, que fue ilegalizada. Logró más de 100.000 votos declarados nulos. Eusko Alkartasuna cosechó un resultado peor al esperado, con 37.820 votos y 2 parlamentarios. Pero más allá de siglas, aquella cita electoral dibujó un panorama desolador para los soberanistas, así lo resumió GARA en su titular de portada: «El apartheid impone un Parlamento españolista, excluye a 101.000 votantes y abre a López la puerta de Ajuria Enea».

Tres meses después la izquierda independentista logró superar el veto español a través de una fórmula novedosa. Iniciativa Internacionalista–Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) se presentó como una dinámica estatal que brindaba un espacio para superar la ilegalización. El Supremo español tumbó la candidatura, pero el Constitucional la avaló.

En su último mitin de campaña celebrado en el Anaitasuna de Iruñea, Arnaldo Otegi habló más claro que nunca sobre la necesidad de una nueva confluencia independentista y progresista; «para desbloquear la situación lo primero es sumar fuerzas a la izquierda del PNV, sin prisas, pero con paso firme, debemos formar un bloque histórico y popular que reivindique con nitidez la independencia de Euskal Herria».

Otro extracto de aquella misma intervención ha sido uno de los más recordados en la última década, aquel en el que Otegi decía que «la izquierda abertzale no nació para resistir y responder, sino para ganar, nacimos para ganar, y vamos a ganar». 

 

Después de 7 años de ilegalización, la izquierda abertzale volvía a contar votos de manera legal; el 7 de junio obtuvo 175.894 papeletas.

Pero la ofensiva española no cesó, el 13 de octubre de ese mismo año llega la detención, entre otros, de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Rufi Etxeberria, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto por el 'caso Bateragune'. Un mes después se produce la Declaración de Altsasu, en la que se muestra el compromiso de la izquierda abertzale con un «proceso pacífico y democrático»; el debate que traerá el fin de la lucha armada ya está encaminado.

El 20 de junio de 2010 llega la firma del acuerdo 'Lortu arte'. La izquierda abertzale, aún ilegal, y Eusko Alkartasuna se comprometen a impulsar la independencia a través de una estrategia basada en «la confrontación cívica, pacífica y democrática».

El primer semestre de 2011 se confirma el fin de la ilegalización.

El 7 de febrero, Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin presentan los estatutos del nuevo partido de la izquierda abertzale. Al día siguiente se produce la presentación pública y el 9 su registro en Madrid.

El Gobierno español anuncia que tratara de impedir su legalización, «es continuación de Batasuna», y al poco el Tribunal Supremo prohíbe su registro, la Fiscalía llega a argumentar que la nueva formación cumple la ley, pero lo hace para defraudarla.

En paralelo, el 3 de abril, se presenta la coalición Bildu, formada por EA, Alternatiba y personas abertzales de izquierda. El Supremo veta la candidatura y deja su futuro en manos del Constitucional. El 5 de mayo, pasada la medianoche, el Constitucional español reconoce el derecho de Bildu a presentarse a las elecciones. Muchos recordarán aquella como «la noche mágica del Arenal». Bildu logra 312.272 votos en las elecciones municipales, forales y al Parlamento de Nafarroa; es la segunda fuerza del país. El apoyo logrado da 123 alcaldías a Bildu, entre ellas la de Donostia, y Martín Garitano es elegido diputado general de Gipuzkoa.

Antes de que acabe el año se celebran las elecciones al Congreso español, la izquierda independentista vasca se presenta con la marca Amaiur; confluyen EA, Alternatiba, personas abertzales de izquierda y, también, Aralar. Vuelve a marcar otro techo, con 334.498 votos, 7 diputados y 3 senadores.

En los tribunales españoles comienza a cambiar la doctrina aplicada anteriormente y, el 18 de junio, la Audiencia Nacional española absuelve a todos los juzgados por D3M y Askatasuna (propuestas electorales de la izquierda independentista). El 20 de junio, Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale, es declarado legal por el Tribunal Constitucional español.