El 3 de julio de 2017 no fue el comienzo de la crisis migratoria en Europa, pero sí claro exponente del deterioro de las ya restrictivas políticas de la Unión Europea al respecto. Aquel día Italia advirtió a sus socios de la UE que estaba dispuesta a bloquear la entrada a sus puertos a barcos que transportaran migrantes rescatados en el Mediterráneo con pabellón extranjero.

«Italia amenaza con cerrar puertos si no se aceleran las reubicaciones», destacó al día siguiente GARA en su portada, y en páginas interiores informaba de la respuesta de Alemania y el Estado francés, quizá satisfactoria para una Italia que se veía incapaz de hacer frente a las oleadas de refugiados y migrantes, pero en modo alguno en la dirección de abordar tamaña crisis en términos de derechos humanos: «Berlín y París intentan calmar a una Italia desbordada por los refugiados», tituló, para seguidamente explicar que esos estados prometían «medidas centradas en impedir la llegada de más migrantes» y cumplir con la reubicación de solicitantes de asilo.

Así mismo, proponían «reforzar la estrategia de la UE para las deportaciones, aprovechando plenamente las capacidades de [la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas] Frontex y reevaluando la política de visados relativa a terceros países para aumentar la tasa de readmisiones cuando sea necesario», y también para controlar a las ONG que trabajan en operaciones de rescate en el mar, exigiéndoles un «código de conducta», que propusieron fuera elaborado por Italia, donde la Fiscalía había llegado a acusar a las organizaciones humanitarias de fomentar la inmigración ilegal con sus rescates.

Italia había recibido en la primera mitad de ese año 82.000 inmigrantes y solicitantes de asilo. Aunque la UE se había comprometido a reubicar en otros países a las personas llegadas a las costas italianas y a Grecia, la mayoría de los estados miembros no habían respetado las cuotas impuestas.

La política migratoria europea tendría sus consecuencias en todo Europa, y de ello es particularmente reveladora su evolución en Italia. En lugar de hacer frente a los problemas con que la ya restrictiva normativa se topaba e incluso creaba, incidió en mayores restricciones. Los estados no estaban dispuestos ni a cumplir sus compromisos. Entretanto, la ultraderecha se fortalecía en todos ellos y en el Parlamento Europeo, como han mostrado las recientes elecciones, con un discurso demagógico que culpa de todos los males a la inmigración.

En 2022 el Gobierno de Giorgia Meloni mantuvo un pulso con las ONG que rescatan a migrantes bloqueando el acceso a sus puertos. En esa línea, permitió varios desembarcos de «vulnerables» a la par que vetaba la llegada a tierra del resto, como hizo en noviembre con la nave de Médicos Sin Fronteras (MSF).

Las trabas a los barcos de asociaciones humanitarias por el giro de la política italiana al respecto, sin olvidar la responsabilidad de la Unión, también las sufrió el buque vasco 'Aita Mari'. En enero de 2023 se le abrió un expediente que le pudo acarrear multas de hasta un millón de euros por «varias infracciones» detectadas en una inspección de 2020.

Meses después, en junio, fue denunciado por «supuesto incumplimiento del reglamento de seguridad marítima» en la operación de rescate de 172 personas en el Mediterráneo. La ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) afirmó que se trataba de «un intento de criminalizar la ayuda humanitaria que la flota civil presta en el Mediterráneo Central».

En setiembre del mismo año, tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la isla de Lampedusa, la primera ministra italiana anunció nuevas medidas para abordar el aumento de la llegada de migrantes a las costas italianas, y el pasado abril el Parlamento Europeo aprobó el llamado Pacto de Migración y Asilo.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola subrayó que el pacto garantizará «un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad». Ese equilibrio, la solidaridad y la responsabilidad se traducían en aplicar la agenda migratoria de la extreman derecha, tal y como titulaba Ibai Azparren en GARA hace un mes: «La UE ya aplica la agenda migratoria de la extrema derecha». 

Dicho pacto marca el culmen de una serie de políticas migratorias restrictivas adoptadas tanto por los gobiernos de los estados miembros como por las instituciones europeas, y consiste en fortalecer los controles fronterizos sin evitar más muertes en el Mediterráneo. «La era de las 'fronteras abiertas' de la excanciller alemana Angela Merkel es historia, al igual que el enfoque humanista de la UE».

Batasuna, responsable de las acciones de ETA
 
El mismo día, 15 años antes, Euskal Herria recibía una una noticia no por casi habitual menos grave. El juez español de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó el embargo de bienes de Batasuna por 24,3 millones de euros por actos que imputaba a Segi, al considerar a la formación abertzale responsable civil de las acciones realizadas por ETA.

El auto del juez español declaraba la «responsabilidad civil solidaria» de Batasuna en una serie de actos de «kale borroka» imputados a Segi, por lo que decretaba el embargo de bienes de la formación política hasta cubrir la cantidad de 24,3 millones de euros.

Así mismo, señalaba que, una vez «acreditada la vinculación» de Batasuna con ETA, la extensión de la responsabilidad civil «debe comprender a todos los casos y supuestos en los que se produzca una acción terrorista con resultado de daños». Batasuna enmarcó esta actuación judicial en «el embargo de los derechos de Euskal Herria».

Un expolio económico seguido a la criminalización que se extendía a todos los ámbitos de la sociedad vasca: político, cultural, educativo, movimiento popular y social... y que en el tiempo llegaría hasta la deuda endosada a GARA, la cual tuvo que afrontar en condiciones draconianas hasta hace menos de dos años, intentando herir de muerte al nuevo periódico, como recordaba Iñaki Altuna cuando se cumplieron 25 años del nacimiento del mismo.