En 1955 se celebró en Bandung (Indonesia) una conferencia internacional a la que acudieron los líderes de las colonias que acababan de alcanzar la independencia. Aquella reunión puso los cimientos del Movimiento de los No Alineados. Las actuales cumbres internacionales no dejan ese poso, se han convertido en un rito que únicamente contribuye a subrayar la permanencia del poder establecido. Ahí sigue, por ejemplo, el G7 realizando reuniones periódicas, aunque hace ya tiempo que las grandes potencias son otras.

En 2019 correspondía al Estado francés organizar la cumbre anual del G7 y decidió que tuviera lugar en Euskal Herria. Del 24 al 26 de agosto Biarritz se convirtió en el centro del ritual que conlleva acoger una cumbre del Grupo de los Siete. Como muestra de poderío, estas cumbres se ha convertido en un alarde represivo: la ciudad que la acoge se blinda. En Biarritz 26.000 personas solicitaron una autorización para entrar durante la cumbre. Solamente 18.000 personas recibieron el pase. Una medida que parece inocua, pero que desbarata la rutina de mucha gente que se queda sin poder trabajar o sin poder recibir tratamiento porque no dejan pasar al especialista.

El cierre no solo se circunscribe a la ciudad, sino que se extiende por los alrededores. Gipuzkoa prohibió el paso de camiones mientras duró el evento. El Gobierno de Nafarroa también estableció restricciones al tráfico pesado. Largas colas, de hasta nueve kilómetros, se formaron ya en los días previos a la cumbre en la frontera situada en el Bidasoa que sigue dividiendo Euskal Herria.

Todo este mecanismo de control social que denominan dispositivo de seguridad tiene su colofón en el despliegue de un número extraordinario de policías. El Estado francés informó de que tomaría parte alrededor de 13.200 agentes, el Gobierno español desplegó 1.878 guardias civiles y 932 policías. Y el departamento de Interior del Gobierno Vasco, como queriendo enfatizar que la cumbre tenía lugar en Euskal Herria movilizó a 4.000 agentes, el 53% del total. En conjunto, más de 20.000 policías se encargaron de custodiar la reunión del G7.

Contracumbre

Desde que en 1999 la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Seattle fuera contestada con una amplia y potente protesta de los movimientos contra la globalización, todas las reuniones oficiales de las grandes instituciones del capitalismo han sido respondidas con una contracumbre organizada por los movimientos sociales.

Las plataformas G7 Ez! y Alternative G7! fueron las organizadoras de la contracumbre que se celebró desde los días previos al inicio oficial. En Ficoba tuvieron lugar encuentros y seminarios en los que tomaron parte dirigentes sindicales, responsables de ONG como Greenpeace, la coordinadora de ONG Solidaries o la Liga de Derechos Humanos de Francia, representada por el ‘artesano de la paz’ Michel Tubiana. También participaron líderes políticos como Arnaldo Otegi, Marta Rovira y Jean-Guy Talamoni.

La acampada de la contracumbre se organizó en Urruña donde alrededor de 2.000 personas prepararon diversas actividades reivindicativas e informativas. Destaca la invitación a explicar su situación a los niños y niñas de la mochila y los jóvenes de Altsasu. La víspera del comienzo de la cumbre, la Policía cargó y detuvo al menos 38 personas en los alrededores de la acampada. Con todo, la violencia policial no alcanzó la cota de la anterior cumbre de la Unión Europea que se celebró en Biarritz el 14 y 15 de octubre del 2000. En aquella ocasión la intervención policial derivó en una batalla campal con decenas de heridos y detenidos.

La manifestación contra la cumbre se celebró entre Hendaia e Irun, a 30 kilómetros de la cumbre. Miles de personas –15.000, según recogió GARA– marcharon tras una pancarta con la leyenda «Euskal herritik beste mundu bat sortzen!». En Bilbo, colectivos contrarios al G7 tiñeron la ría de Ibaizabal de verde en una acción simbólica de protesta contra un organismo que consideraban «tóxico». Otra acción de resonancia fue protagonizada por el colectivo Bizi! y ANV COP21. Durante los meses previos confiscaron retratos de Emmanuel Macron en instituciones oficiales y aprovecharon la cumbre para mostrarlos y denunciar la verborrea climática de Macron y su falta de acción.

La cumbre en sí

Sobre lo ocurrido en la propia reunión de jefes de Estado y de Gobierno poco trascendió. Las tensas relaciones entre el presidente de EEUU Donald Trump y el resto de líderes del G7, a excepción quizás del primer ministro británico, Boris Johnson, que acudía por primera vez, no auguraban grandes acuerdos. Antes de la cumbre Trump dijo que Putin debería ser readmitido en el grupo, aunque en el encuentro señaló que era demasiado pronto para la vuelta de Rusia. También alardeó de haber lanzado una guerra comercial contra China y que nadie se había opuesto.

No hubo documento final después de que Trump se negara a firmar el de la cumbre anterior. Macron informó de los principales temas tratados. Se habló de la necesidad de cambiar en profundidad la OMC y señaló que los problemas con la economía china se debían a la falta de respeto a la propiedad intelectual –algo que ha pasado a un segundo plano ahora que China es el país con mayor número de solicitudes de patentes–, la sobrecapacidad –un tema que se ha vuelto a poner de moda– y los mecanismos para solucionar situaciones desleales. Este último punto ha perdido completamente vigencia a causa de guerra comercial permanente lanzada por el G7 contra China, cuyo último capítulo ha sido el establecimiento en la UE de aranceles a los automóviles eléctricos chinos.

El encuentro estuvo aderezado con la visita sorpresa –o no tanto; al parecer, los estadounidenses estaban informados– del ministro de Exteriores y negociador nuclear iraní, Mohammad Javad Zarif, en un intento de Macron de tratar de recomponer el acuerdo nuclear iraní que fue firmado en 2015. Washington lo abandonó tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Especial relevancia se dio al compromiso del G7 de ayudar con 20 millones de dólares a Brasil y para otros países de Sudamérica a luchar contra los incendios forestales. Una cantidad muy pequeña con la que posiblemente se quería marcar perfil medioambiental ante los planes depredadores de Jair Bolsonaro.

Discutieron, asimismo, el impuesto a las grandes tecnológicas que el Estado francés quería imponer a Apple, Facebook, Google y Amazon (GAFA). Finalmente, acordaron que los pagos que tuvieran que hacer estas empresas se compensaría en el futuro impuesto internacional a las grandes multinacionales que se estaba negociando.