Tres nombres: José Luis Corcuera, José María Aznar y José Ignacio Wert. Tres áreas muy sensibles: la seguridad ciudadana, los símbolos nacionales y la educación. Tres respuestas vascas muy potentes, tanto en las Cortes estatales como en las calles. Y una misma fecha: 10 de octubre.

Efectivamente, en este mismo día de 1991, 1997 y 2012 dieron un paso decisivo tres normas (técnicamente dos leyes y un decreto) que remarcaban el dominio estatal sobre Euskal Herria y allanaban con derechos fundamentales. Hoy su grado de vigencia es diferente, pero todas han dejado huella. Repasémoslas en orden cronológico: esta fue su génesis, sus objetivos, su desarrollo y las reacciones generadas.

Corcuera anticipó la mordaza

Antes de la 'Ley Mordaza' (2015) fue la 'Ley Patada en la Puerta' (1991). Las dos normas llevan la denominación oficial de Ley de Seguridad Ciudadana, pero pronto encontraron un sinónimo más popular y definitorio. Aquella del Gobierno González fue también bautizada con el nombre de su promotor, el ministro del Interior, José Luis Corcuera.

Aquel 10 de octubre la 'Ley Corcuera' pasó el Rubicón en el Congreso, al desestimarse las seis enmiendas a la totalidad presentadas por muy distintos grupos. Así empezaba su crónica en 'Egin' el corresponsal en Madrid Alberto Cruz: «En un debate crispado, con insultos y descalificaciones a diestro y siniestro, el Gobierno impuso su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana...»

Al PSOE le echaron una mano PNV y CiU, que terminarían validando la norma con algunos ajustes. No tocaban lo sustancial, lo que más escándalo había generado por la regresión de derechos que acarreaba. Por un lado, el artículo 20.2, que establecía que la Policía podría detener y llevar a comisaría a quien se negara a identificarse, algo hasta entonces vetado. Por otro, el 21.2, que facultaba a entrar en domicilios sin orden judicial en determinados supuestos (de ahí la «patada en la puerta»). Este segundo sería anulado por el Tribunal Constitucional dos años después, precipitando la dimisión de Corcuera. El primero perviviría hasta la fecha.

El Constitucional anularía el artículo de la «patada en la puerta», tras lo que dimitió Corcuera, pero legalizaría la detención en caso de negativa a identificarse

En aquel debate del Congreso, el propio PP se situó contra las medidas, en un evidente intento de horadar al Gobierno González porque luego se aprovecharía de la senda abierta con la Ley Mordaza de Rajoy. Desde las formaciones vascas destacaría el rechazo de EA a través de Joseba Azkarraga, quien veía en la ley «el mayor atentado contra el Estado de Derecho desde la aprobación de la Constitución», además de «involución autonómica» por no respetarse atribuciones vascas en esta materia de seguridad ciudadana. Iñaki Anasagasti, por contra, anticipaba ya la validación jelkide final.

Aquella norma fue justificada por el Gobierno del PSOE como un intento de combatir el narcotráfico, aunque para las fuerzas de izquierda su pretensión era recortar derechos en general y, más específicamente, atacar la oleada de huelgas en aquellos meses. Por eso señalaban específicamente la trayectoria de Corcuera, que había llegado a la cúpula política desde responsabilidades sindicales.

Criado en Portugalete y extrabajador de Altos Hornos, de aquella época solo mantenía una radicalidad aplicada ahora en sentido contrario y desplegada con unas formas muy bruscas. Terminaría dejando el PSOE y apoyando al PP. También ha salido impune de episodios de guerra sucia como las cartas-bomba a representantes de HB. Al llegar al Ministerio mantuvo como número 2 a Rafael Vera, que acabaría condenado por los GAL.

El himno español, más allá de la Copa

Seis años después, este mismo 10 de octubre la noticia llegada de Madrid sería la aprobación de un decreto del Gobierno Aznar que establecía que el himno español debería escucharse en los actos autonómicos que contaran con la presencia de altos representantes del Estado.

Apenas una semana después se preveía la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbo, con Juan Carlos de Borbón como asistente, por lo que la medida conllevaba plena actualidad además de la carga política de fondo.

La mayoría política vasca se alineó contra esta imposición, aunque con muy diferentes tonos en su mensaje. El lehendakari entonces, José Antonio Ardanza, consideró que «el decreto no es positivo, porque hay que tener en cuenta que el himno, como las banderas, pertenece al mundo de los símbolos y los sentimientos, y ese himno está muy mezclado con unos determinados recuerdos que para algunos están muy vivos». Abogó directamente por el 'pase foral': «Ya está ocurriendo que muchas veces no se aplica la 'Ley de Banderas' y nadie se escandaliza».

Para Carlos Garaikoetxea, líder de EA, «solo falta que reinstauren las clases de Formación del Espíritu Nacional. En cualquier caso, esto hará comprender a algunos por qué algunos nacionalistas rehúsan acudir a actos oficiales presididos por los máximos responsables del Estado español».

Desde HB, Rufi Etxebarria anticipó que «no respetaremos ese himno porque es un símbolo de represión». Lo ligó con el interés de legitimar «las visitas de territorios ocupados» y lo situó como una «medida totalmente anacrónica».

Mientras tanto, José Ramón Jáuregui (PSE) contemporizaba: «Tiene que hacerse con la suficiente prudencia e inteligencia como para no provocar problemas en temas de cierta sensibilidad territorial». Y Carlos Iturgaiz (PP) amenazaba: «Tendrán que aceptarlo».

Con el paso de los años, el peso de esta cuestión del himno, como la de las propias visitas reales que lleva pareja, se ha ido diluyendo. Las mayores polémicas ni siquiera han ocurrido en Euskal Herria, sino en las finales coperas de fútbol en que diferentes aficiones vascas han protagonizado sonoras pitadas.

Wert, «españolizar» desde las aulas

Este mismo día de 2012, la frase de un ministro español en el Congreso puso en alerta a Euskal Herria y Catalunya. Se estaba poniendo en marcha la luego llamada LOMCE, Ley de Mejora de la Calidad Educativa, y el titular de Educación, José Ignacio Wert, se quitó la careta en el fragor del debate, al reconocer que el objetivo de la norma sería «españolizar a los alumnos catalanes».

La llama del escándalo prendió tan rápido que Wert intentó desdecirse a medias el mismo día. No obstante, en una entrevista a Europa Press en 2019 subrayaría esto: «Sigo pensando que hay que españolizar a los niños catalanes en los términos en los que en su día lo dije».

Las respuestas estudiantiles fueron fulminantes, con movilizaciones en las calles vascas y catalanas, e incluso una huelga general educativa en Euskal Herria en marzo de 2014 (la cocción de la norma aún sería lenta).

Cuando el Gobierno Aznar puso letra pequeña a la ley, la frase de Wert cobró pleno sentido: a partir de entonces sería el Estado quien definiría los contenidos y criterios de evaluación de las asignaturas troncales y los criterios de evaluación de las específicas; el euskara, catalán y gallego quedarían relegados a las materias de especialidad, no como troncales; tanto Religión como su alternativa serían evaluables y contarían para la media del curso y optar a una beca...

El PP acabó aprobando la norma en solitario. Y la Ley Wert siguió vigente hasta la aprobación de la Lomloe en 2020, esta vez con los votos de PSOE, UP, ERC, PNV y Más País, más la abstención de EH Bildu, JxCat y BNG. Un mal menor y un último sarcasmo por parte del PP, al denunciar su portavoz en el Congreso que esta Lomloe «está totalmente ideologizada».