Alrededor de las ocho de la tarde del 4 de diciembre de 1983, dos hombres llamaron a la puerta de Segundo Marey en Hendaia y lo secuestraron. Marey era hijo de un exiliado de la guerra del 36, no se le conocía ninguna militancia política; los secuestradores, dos mercenarios contratados con fondos reservados del Ministerio del Interior del Estado español. Lo confundieron con Mikel Lujua, refugiado en Iparralde, y fue la primera acción de guerra sucia reivindicada por los GAL.

Al producirse el secuestro en la tarde-noche del 4, la noticia no se publicó en el 'Egin' del día 5, sino en el del 6, en el que ya se daba cuenta de la detención de uno de los implicados. «El secuestro de Marey en Hendaya, otro capítulo de la guerra sucia», decía la portada del diario, que ampliaba en el interior que había sido detenido un exmiembro de la Legión Extranjera, de nombre Pedro Sánchez.

Si bien en ese momento ninguna organización había reivindicado el secuestro ni había dado explicaciones al respecto, el Comité de Refugiados Políticos Vascos vio claro que se trataba de una acción «contra la comunidad de refugiados, porque sin duda alguna el objetivo perseguido al secuestrar a Segundo Marey era apoderarse de un refugiado».

El Comité de Refugiados Políticos Vascos vio claro que se trataba de una acción «contra la comunidad de refugiados, porque sin duda alguna el objetivo perseguido al secuestrar a Segundo Marey era apoderarse de un refugiado»

Fue la primera acción que reivindicaron los GAL, pero no la primera que llevaron a cabo. Unos meses antes, el 16 de octubre, habían secuestrado a Joxean Lasa y Joxi Zabala en Baiona, a los que torturaron salvajemente, mataron y acabaron enterrando en cal viva. También en octubre, el día 18, cuatro policías españoles intentaron secuestrar en Baiona a José Mari Larretxea Goñi; intento que acabó con los cuatro agentes detenidos en el acto por gendarmes franceses.

Sánchez ingresó en prisión pocos días después y, el 6 de diciembre, una llamada anónima a la central de la Cruz Roja de Donostia y otra similar a la delegación de France Presse en Madrid amenazaron con ejecutar a Marey en caso de que no se pusiera en libertad en un plazo de 48 horas a los cuatro policías españoles detenidos por el intento de secuestro de Larretxea. Los agentes fueron puestos en libertad el 8 de diciembre y Marey 5 días después.

En octubre del próximo año fue detenido y encarcelado otro mercenario, Mohand Talbi, acusado como Sánchez del secuestro. Talbi fue juzgado y sentenciado junto a Jean-Pierre Échalier en diciembre de 1987; ambos fueron condenados a doce y ocho años de prisión, respectivamente. Sánchez no fue juzgado, ya que había fallecido en la cárcel de Burdeos un año antes.

La edición del 4 de diciembre de 1987 de 'Egin' relacionaba el secuestro con el policía José Amedo al poner sobre la mesa el siguiente titular: «Un GAL implica a un policía de Bilbo en el secuestro a Marey». Esa misma noticia recordaba el estado en el que habían puesto en libertad a Marey, también que fue la primera acción reivindicada por los Grupos Antiterroristas de Liberación: «Segundo Marey, tras permanecer diez días secuestrado, fue dejado en libertad en un estado de amnesia parcial, recubierto de suciedad y traumatizado, con un mensaje en la chaqueta de su bolsillo firmado por los GAL, acción que supuso la aparición, por primera vez, de las siglas de este grupo».

Traslado a Bilbo

Durante el juicio, Talbi relató cómo habían cruzado la muga con el secuestrado por el puesto de Dantxarinea, declaración de la que se hizo eco 'Egin' el 5 de diciembre de 1987. Tras tener problemas a causa de la detención de Sánchez, llamaron a «un número de Bilbao» y en un par de horas les «relevaron en la custodia del secuestrado» tres coches de matrícula española. Asimismo, aseguró que entre las personas que se trasladaron al lugar se encontraba el propio subcomisario Amedo.

El error no les impidió celebrar su hazaña, ya que Talbi aseguró que Amedo les obsequió con «una opípara cena» y «señoritas», además de pagarles la cantidad convenida

También contó cómo se dirigieron a Bilbo, «donde el grupo que se hizo cargo de la segunda fase del secuestro les comunicó que la acción había sido un error, ya que el secuestrado no era refugiado». El error no les impidió celebrar su hazaña, ya que Talbi aseguró que Amedo les obsequió con «una opípara cena» y «señoritas», además de pagarles la cantidad convenida. La edición del día siguiente expuso que Marey había permanecido secuestrado en «un chalet» cercano a Bilbo, «a unos treinta kilómetros», hasta que fue puesto en libertad en Dantxarinea. Posteriormente se supo que el lugar de reclusión era en realidad una cabaña abandonada y en mal estado en Cantabria.

«Condenas menguantes»

Más de diez años después, el Tribunal Supremo firmó lo que 'Euskadi Información' tachó de «condenas de saldo». Así lo recogió el periódico del 30 de julio de 1998: «Frente a los 23 años solicitados por el fiscal para José Barrionuevo y Rafael Vera, y los 13 anunciados por la filtración de la supuesta sentencia, los magistrados todavía practicaron una nueva rebaja. De esta forma, pese a considerar probado que ambos autorizaron y financiaron el secuestro de Segundo Marey, la condena queda reducida a diez años de cárcel». Asimismo, el diario destacó que el Tribunal Supremo no otorgara al GAL la consideración de «banda armada».

'Egin' destacó que el Tribunal Supremo no otorgara al GAL la consideración de «banda armada»

La Sala Segunda del supremo condenó a los acusados, imputados por secuestro y malversación de fondos, a la siguientes penas: Diez años de cárcel para Vera, Barrionuevo y Julián Sancristóbal; nueve y medio para Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo y José Amedo; siete para Ricardo García Damborenea; cinco y medio para Francisco Saiz y Julio Hierro; cinco para Luis Hens y José Ramón Corujo; y dos años y cuarto meses para Michel Domínguez.

Herri Batasuna consideró entonces que la sentencia del juicio por el secuestro de Segundo Marey «oculta la realidad de los GAL, demuestra las dos varas de medir» y denunció que «está diseñada para hacer de cortafuegos y ocultar las máximas responsabilidades del Gobierno español en la creación del GAL y el desarrollo del mismo».