La jurista Zelai Nikolas y el doctor en Derecho de la UPV Iñigo Urrutia presentaron, durante el reciente curso de verano de la UPV sobre el derecho a decidir, un estudio sobre la independencia formal (centrada en la viabilidad legal internacional de un futuro estado independiente vasco) y la material (materializable desde hoy en aras de un proceso dinámico hacia una estructura estatal). El doble carril que formularon partía del «reto histórico» al que debe responder Euskal Herria (debido, entre otras cuestiones, a la cerrazón de los estados español y francés y «al viento internacional favorable» a la creación de nuevos estados).

Urrutia desgranó la parte referida a la viabilidad legal de un nuevo estado en Europa, creado a partir de territorios bajo domino de los actuales estado-nación que conforman la Unión. Tomó varias referencias para ello, y se centró de manera considerable en la experiencia de Kosovo. Tras la declaración unilateral de independencia de Kosovo (2008), el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) debía dirimir sobre la posible vulneración del derecho internacional de esta decisión. Urrutia explicó que el TIJ tenía dos vías jurídicas para hacer frente al dilema: si Kosovo tenía derecho o no para realizar esa declaración, o si esa declaración vulneraba o no en algún término la legalidad internacional. El Tribunal optó por el segunda enfoque y sentenció que «el derecho internacional general no contempla prohibiciones sobre las declaraciones de independencia».

El argumento serbio, y también español, para anular en instancias internacionales la declaración kosovar fue que violacba la integridad territorial. Tanto en ese caso como en otros que desgranó Urrutia, las sentencias apuntan a que la defensa de la integridad en el Derecho es referida a los estados entre sí (una invasión, por ejemplo), pero no a los territorios intraestatales que optan por la secesión.

Urrutia señaló que para el derecho internacional «los procesos de secesión no son ni legítimos ni ilegítimos de por sí» y que lo que importa es «el proceso legitimador». Hizo especial hincapié en este último factor, ya que la legitimidad democrática del proceso de secesión sí sería determinante a la hora de lograr el reconocimiento de terceras partes. Partiendo de la base de que aunque el derecho internacional mantiene «una actitud neutra» ante la creación de nuevos estados, sí reconoció que la posición de salida es la de no reconocer a estos estados, por lo que subrayó la importancia de trabajar esa vía de la legitimidad democrática para cualquier proceso secesionista. También apuntó a que dicha legitimidad democrática podría incluso ser considerada más relevante que la legalidad constitucional del estado-matriz previa a la secesión.

La independencia material «está en nuestras manos»

Antes de la parte más «legalista» de un posible proceso secesionista, Zelai Nikolas presentó las capacidades actuales de implementar un proceso dinámico hacia la creación de un estado propio. La división y la falta de soberanía de los territorios vascos acarrean la falta de efectividad gobernativa y el problema determinante de la territorialidad para ejercer, desde ya, como estado.

Nikolas habló de las euroregiones, de posibles vías potenciales que se han mencionado desde hace años (citó el libro de Francisco Letamendia ‘Condomino’, 1999), de las conversaciones de Loiola de 2006 (en las que se exploró la posibilidad de crear ámbitos de decisión superiores a la actual división administrativa, cuyas decisiones se harían efectivas a través de las instituciones actuales) o de la Euregio de la baja Sajonia (que reúne en una sola cámara representativa territorios de los estados holandés y alemán).

Todas esas referencias tenían en común que, previo a la consecución del estado formal, existen herramientas y vías por las que se pueden desarrollar dinámicas que hagan tangible una política de estado en ámbitos concretos. Apuntó la necesidad de unir voluntades y diseñar políticas compartidas a través del consenso, y propuso llevar a gran escala iniciativas como las ikastolas o las cooperativas.

La exposición de ambos expertos situó la responsabilidad de un posible proceso secesionista en la propia voluntad de la ciudadanía, ya que, a su juicio, no existen obstáculos insalvables más allá de los propios.