La proposición de Ley de estas tres formaciones «por la que se aprueba la reestructuración de la deuda de Osasuna con la Comunidad Foral de Navarra» –el club debe unos 75 millones, de los cuales 53 corresponden a la Hacienda Foral– ha sido avalada con una enmienda introducida por el PSN para realizar una auditoría.

Por el contrario, la iniciativa legislativa presentada por Geroa Bai, en la que se establecen los límites y condiciones para la concesión del aplazamiento de las deudas tributarias de Osasuna y en la que se recogían las condiciones para poder revisar lo sucedido, ha sido rechazada.

La Ley aprobada en el pleno del Parlamento recoge como puntos esenciales la entrega del patrimonio del club –el estadio El Sadar y las instalaciones deportivas de Tajonar–, como pago de la mayor parte de la deuda con la Hacienda Foral, así como un aval de 4 millones de euros para tesorería.

A expensas de conocer exactamente la tasación del patrimonio inmobiliario del club, según la encargada por Osasuna 43 millones de un total de 53 de su deuda tributaria, la proposición recoge sobre el diferencial de la deuda no cubierto por el importe de la dación una «moratoria de 3 años».

También un «aplazamiento» para 30 años afectando a su pago los recursos del «25% de los derechos televisivos, el 25% de los traspasos de jugadores y el 100% de los patrocinios públicos», con una posible vuelta al patrocinio del estadio El Sadar como Reyno de Navarra.

La propuesta recoge además un «contrato de arrendamiento sobre las instalaciones de Tajonar», la «cesión gratuita de uso del estadio El Sadar» y la «modificación de los estatutos del club para el establecimiento de una comisión de control con presencia de un representante de la Administración hasta el total pago de la deuda».

La Ley ha salido adelante después de que se hiciera público un informe de los servicios jurídicos del Parlamento en el que se ponía en duda que la norma se ajustase «a los criterios legales que establece el Derecho de la Unión Europea». Precisamente, este aspecto ha sido uno de los puntos que han esgrimido los grupos que se han opuesto a la Ley al considerar que puede considerarse como ayuda de Estado por la Unión Europea.