El organismo advierte además de que esta situación podría agravarse en el futuro, una vez venzan los periodos de carencia de los préstamos que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido a Adif, promotor y gestor de la red ferroviaria. Según sus datos, a cierre de 2013, Adif Alta Velocidad acumulaba un coste amortizado de deuda a devolver a partir de 2017 de 9.142 millones de euros.

Así lo indica el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización de la financiación de las infraestructuras ferroviarias en el periodo 2011 y 2013 aprobado en su último pleno.

El organismo se refiere al canon que Adif cobra a Renfe y cobrará a los futuros operadores privados que próximamente entren a competir en transporte de viajeros en tren, para asegurar que estas cantidades serán «insuficientes» para cubrir los costes de mantenimiento de la infraestructura y para «garantizar su sostenibilidad económica».

Los operadores piden que baje el canon

Sin embargo, tanto los operadores privados como la propia Renfe han demandado una rebaja de estas tasas para que el tráfico ferroviario sea rentable.

Por contra, el Tribunal de Cuentas indica que ante «la futura liberalización del transporte ferroviario se requeriría que entre todos los operadores paguen los costes de mantenimiento de la red, incluyendo los gastos financieros y de amortización», ya que de esta forma «también se evitará que se produzcan transferencias de fondos del sector público al privado».

Los actuales cánones que Adif cobra a los trenes que circulan por las líneas AVE cubren solo entre el 49% y el 50,6% de los costes de esta infraestructura. Por líneas, mientras que en el AVE Madrid-Sevilla cubre de sobra los costes –el 124% del total–, en el AVE a Barcelona apenas contribuye para costear el 65% de su mantenimiento,  porcentaje que se reduce hasta el 16% en el caso del AVE a Valladolid.

Ante estos datos, el informe del Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio de Fomento y Adif «introducir el principio de racionalidad en la ejecución del gasto, limitando las inversiones que sean altamente deficitarias» y les emplaza a «ajustar mejor las inversiones en infraestructuras a las perspectivas de financiación existentes, priorizando la evaluación socioeconómica de los proyectos que primen la eficiencia en la aplicación de los recursos, no iniciando proyectos no rentables».