La consellera de Educación del Govern, Irene Rigau, ha asegurado que tiene la «conciencia tranquila» ya que solo cumplió «un mandato del Parlament». Asimismo, ha defendido que la consulta fue estrictamente montada por más de 40.000 voluntarios.

Sin ausencias destacables, acompañada por la plana mayor del Govern, ahora en funciones, y por los líderes de los partidos que dieron apoyo a la consulta alternativa del 9 de noviembre de 2014 (incluidas la CUP, Unió y Catalunya Sí que es Pot), Rigau, ha entrado esta mañana en la Audiencia Provincial de Barcelona para prestar declaración como imputada por la organización del 9N, donde ha estado más de una hora.

En declaraciones a los periodistas tras salir de la Audiencia, ha precisado que no ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, «por haber cambiado de criterio» respecto al 9N, ya que la Fiscalía «primero no apreció ningún delito pero luego sí lo apreció». Rigau sí que ha respondido a preguntas del juez y de su abogado. «He defendido que desde mi punto de vista una sociedad democrática tiene que conocer el pluralismo y la opinión de la ciudadanía. No vi nada negativo en lo que se hizo», ha señalado. Al mismo tiempo, ha negado la acusación de desobediencia.

La consellera ha recordado que el TC no respondió cuando la Generalitat le pidió que concretara qué actos había suspendido en su resolución del pasado 4 de noviembre, «por lo que no se puede hablar de desobediencia a su resolución».

A Rigau se le acusa de poner los centros educativos públicos de Catalunya al servicio del 9N (funcionaron como centros de votación). «Ni yo ni ningún miembro del Departamento dimos ningún tipo de orden a los directores de instituto».

Ortega niega las acusaciones

Por la tarde ha sido el turno de la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, a la que se acusa de poner en marcha toda la logística necesaria para la votación del 9N a través del departamento de Governació, que ella encabezaba hace un año.

Ortega ha declarado que no tiene conciencia de haber «desobedecido al TC, ni de haber dictado ninguna resolución injusta, ni mucho menos cometido ninguna irregularidad económica».

La exvicepresidenta ha expuesto ante el juez que, cuando el Constitucional suspendió la primera consulta, convocada por decreto, ordenó detener todas las actuaciones relacionadas con el 9N.

Esta primera consulta fue sustituida por un proceso participativo, que también fue suspendido por el TC en una providencia del 4 de noviembre, pero entonces, ha alegado Ortega, la organización estaba finalizada, y los voluntarios tenían todas las tareas asignadas, por lo que ha considerado que no había nada que ella pudiera paralizar.

Según fuentes judiciales, la exvicepresidenta ha argumentadoque a partir del 30 de septiembre de 2014, una vez prohibida la consulta por el TC, se paralizó totalmente el proceso convocado por decreto y los expedientes económicos relacionados con el mismo y así se comunicó a todos sus subordinados.

De esa forma, se abrió un proceso participativo distinto, sin uso de censo electoral oficial ni control y supervisión alguno por parte de los órganos de la Generalitat y estrictamente en manos de voluntarios, ha recalcado Ortega, en la misma línea de defensa que Irene Rigau. Ortega ha asumido la responsabilidad de la organización del proceso participativo del 9N tanto en sus actos personales como en los de sus subordinados.

Además, ha defendido que si compareció en el recinto ferial de Montjuïc para difundir los resultados del 9N es porque consideraba que tenía la obligación de informar a la ciudadanía de un hecho «relevante» desde una perspectiva «histórica, sociológica y política».

El turno de Artur Mas

El jueves llegará el turno del president en funciones, Artur Mas, al que se responsabiliza de que la consulta tuviera lugar pese a la doble prohibición del Tribunal Constitucional.

Formalmente, la Fiscalía acusa a los tres cargos gubernamentales de cuatro delitos: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación.

Entre las numerosas movilizaciones de apoyo a los imputados convocadas por las entidades soberanistas estos días, destacan las concentraciones convocadas esta tarde frente a todos los Ayuntamientos catalanes. En Barcelona, la alcaldesa, Ada Colau, y los líderes catalanes de UGT y CCOO, Josep Maria Álvarez i Joan Carles Gallego, respectivamente, serán los encargados de leer el manifiesto de apoyo elaborado por el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.