Cuando faltan 48 horas para que la Junta Electoral de Gipuzkoa tome su decisión definitiva sobre su candidatura a lehendakari de la CAV (luego se iniciará el periplo judicial), Arnaldo Otegi ha comparecido junto a los abogados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz para explicar el contenido de las alegaciones presentadas contra la decisión hecha pública esta semana y que considera a Otegi «inelegible». Iruin ha ratificado que no hay fundamento jurídico alguno para sostener la inhabilitación y ha remarcado que así se desprende de diversas sentencias dictadas tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional.

Entrando en detalles, Iruin ha explicado que la pena por inhabilitación del derecho a sufragio pasivo dictada por la Audiencia Nacional es una pena accesoria, es decir, que su duración se corresponde a la duración de la pena principal y su cumplimiento es simultáneo. Por tanto, tal y como se ha venido afirmando en las últimas semanas, la pena por inhabilitación se agotó en el mismo momento en que Otegi fue puesto en libertad tras cumplir su condena de prisión el pasado 1 de marzo de 2016. Por contra, la Audiencia Nacional trata de imponer otro cómputo que se inicia en 2014 (cinco años después de ser encarcelado) y se prolonga hasta 2021.

Por otro lado, ante la recusación presentada contra el miembro de la Junta Electoral Iñaki Agirreazkuenaga por sus declaraciones públicas dando por segura la inhabilitación de Otegi, Iruin ha criticado que su actuación vulnera el «principio de imparcialidad» y condiciona a los demás integrantes de la junta ante la decisión final.

El propio Otegi se ha declarado tranquilo y confiado porque «nos asiste la razón jurídica». También Iruin se ha pronunciado en esta línea aunque ha matizado: «No hace falta que diga que esto no se va a resolver en términos jurídicos».