Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro español de Hacienda, Cristobal Montoro, ha dado cuenta de nuevas medidas de control de las cuentas catalanas.

Ha precisado que las medidas se han adoptado después de que el vicepresidente de la Generalitat anunciara por carta al Ministerio que no iban a informar semanalmente sobre sus gastos, como se les ordenó por acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del pasado 21 de julio.

A este hecho se ha sumado, según Cristóbal Montoro, que la interventora de la Generalitat se ha dirigido al Ministerio para decir que había recibido la orden de Junqueras de que no informara y de que había acatado la decisión.

«Lo que hemos hecho ha sido enviar a la Fiscalía esta situación», ha anunciado el ministro, quien ha recalcado la «obligación» de cualquier funcionario público de cumplir con la legalidad.

Montoro ha explicado que el Gobierno español asumirá el pago de los servicios públicos fundamentales de Catalunya, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales a cuenta del sistema de financiación autonómica.

El minsitro de Hacienda ha apuntado que esta decisión responde a «la situación de manifiesta ilegalidad» en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, ha dicho, de un mecanismo «de control de pagos novedoso».

El ministro ha dejado claro que este sistema de control de pagos «no afecta al ejercicio de las competencias», pero sí se garantizará que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal como puede ser el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.

Últimatum

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado 48 horas de plazo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.

Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el propio ministro Montoro quien lo haga y el Estado español asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.