La iniciativa de EH Bildu, presentada por el parlamentario Julen Arzuaga, ha sido dada a conocer apenas unos días después de que la Cámara de Gasteiz rechazara una proposición de ley de Elkarrekin Podemos para anular los procedimientos judiciales y los consejos de guerra instruidos durante el franquismo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Arzuaga ha recordado que su grupo apoyó la iniciativa de Elkarrekin Podemos, y ha lamentado que el PNV recurriera a un «tecnicismo» (la falta de competencias sobre esta materia) para rechazarla. El parlamentario de EH Bildu ha mostrado su confianza en que esta nueva proposición pueda salir adelante.

En la exposición de motivos se denuncia que los damnificados de la dictadura franquista «no han recibido una respuesta adecuada» por parte de la Administración pública del Estado español.

En el texto se constata que la Ley de Amnistía de 1977 supuso, en la práctica, la instauración de «el principio de impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante todo el periodo franquista».

La coalición considera que esta Proposición de Ley Vasca de Memoria Histórica para el Reconocimiento y Reparación Integral de las Víctimas del Franquismo es necesaria porque «la Justicia española ha ignorado» a este colectivo, «eludiendo la obligación estatal de aplicar la verdad, justicia y reparación a quienes sufrieron graves vulneraciones de derechos humanos».

Entre 1936 y 1979

El objetivo de la ley propuesta por EH Bildu es establecer «los derechos de reconocimiento y reparación» de las víctimas de crímenes de «lesa humanidad» perpetrados, por causas políticas, ideológicas o sociales, durante la sublevación fascista de 1936, la guerra (1936-1939) y la posterior dictadura. De esa forma, la ley abarca el periodo comprendido entre 1936 y 1979.

En el caso de que la víctima directa de estas vulneraciones de derechos haya fallecido, también serán consideradas víctimas sus familiares más directos (cónyuge o pareja, hijos, nietos y biznietos). Las medidas previstas en el texto serán de aplicación a hechos ocurridos en la CAV, o fuera de ella en el caso de que afectaran a personas que tenían su residencia en alguno de los tres herrialdes.

En la iniciativa se establece la creación, en el seno del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, de un equipo de investigación que se encargará de escuchar y complementar la información que aporten los solicitantes de las medidas de reparación, pero que suspenderá la tramitación del procedimiento en el caso de que tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial o administrativo en torno al mismo.

Comisión de la verdad

Este equipo realizará un informe sobre cada expediente, que será remitido a una comisión de la verdad, la cual determinará si acepta o no la solicitud. Las peticiones para acogerse a esta ley deberán presentarse en el Instituto Gogora. En el caso de que la víctima directa haya fallecido, los familiares deberán acompañar la solicitud de un certificado de defunción.

El texto registrado por EH Bildu incluye un capítulo dedicado a las indemnizaciones que corresponden en función del tipo de vulneración de derechos humanos que se haya podido producir.

Las indemnizaciones oscilan los 3.000 euros para casos como las detenciones arbitrarias durante un periodo mínimo de cuatro meses por motivos ideológicos, de raza, credo o identidad social; y los 250.000 euros para los casos de violencia con consecuencia de muerte. También se prevén indemnizaciones de 500.000 euros para casos de gran invalidez y 180.000 euros para situaciones de incapacidad permanente absoluta, entre otras.

Al margen de las indemnizaciones, se prevén otras formas de reparación, como la declaración de ilegitimidad e ilegalidad de los tribunales militares, civiles e instancias judiciales franquistas que vulneraron «las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo», con la consiguiente anulación de las sentencias o sanciones que pudieron decretar por causas ideológicas, políticas o sociales.

Por otra parte, se propone revocar todas las condecoraciones o títulos concedidos a funcionarios franquistas, así como eliminar los escudos, placas y nomenclaturas de la dictadura que puedan quedar en los espacios públicos. También propone impulsar actos de reconocimiento a las víctimas del franquismo, desarrollar un plan de identificación de desaparecidos, y restituir el patrimonio expropiado a partidos, sindicatos y otras organizaciones durante la dictadura.