Esta primera jornada del proceso se encuentra rodeada de una gran expectación mediática, por lo que en el Palacio de Justicia de Gasteiz se ha habilitado una sala de prensa para que los periodistas puedan seguir desde ella el desarrollo de las sesiones.

Las primeras jornadas del juicio se centrarán en el análisis de las cuestiones previas sobre el procedimiento a seguir en la causa, de forma que la denominada fase de prueba, en la que se empezará a interrogar a procesados y testigos, no empezará hasta mediados de febrero.

En esta causa judicial, que se inició en 2009 a raíz de la denuncia de una empresaria, se investiga una presunta trama de corrupción y cobro de comisiones ilegales vinculada a destacados exdirigentes del PNV alavés.

Alfredo de Miguel, exnúmero dos del PNV de Araba y al que la Fiscalía considera el dirigente de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales y otras actividades delictivas, se enfrenta a una posible condena de más de 54 años de prisión.

El escrito de acusación del Ministerio Público implica a 26 personas, a las que atribuye diversos grados de responsabilidad en este presunto entramado, que se habría desarrollado entre 2005 y 2009. Entre los acusados figuran, además del propio De Miguel, otros destacados exdirigentes del PNV, como Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, para los que pide 32 años de prisión a cada uno.

El fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, constata en su escrito de acusación que De Miguel «ideó la creación», en una fecha indeterminada anterior a 2005, de {un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo». El plan para llevar a cabo estas actuaciones. según el fiscal, «fue acordado» por Alfredo de Miguel, su esposa Ainhoa Bilbao Lasa, Aitor Telleria, la mujer de éste, Araceli Bajo López, y Luis Felipe Ochandiano y su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez.

De Miguel, insiste la Fiscalía, «aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV, y contando con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, algunos de los cuales también tenían responsabilidades», utilizó este entramado «para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

Entre los imputados también figura Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura en el gobierno de Juan José Ibarretxe; el exdirector de Juventud, también en el gabinete de Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, y el exdirector de la Red de Parques Tecnológicos de la CAV Julián Sánchez Alegría.

También están imputados Maria Justina Angulo, Alfonso Arriola, Jesús José Arruti, Estíbaliz Arruti, Josu Arruti, Araceli Bajo, Miren Bilbao, Ainhoa Bilbao, Placid Casas, Aintzane de Miguel, Gorka Errasti, Iñaki Etxaburu, Francesc Fernández, Sergio Fernández, Iratxe Gaztelu, Prudencio del Hierro, Josu Montes, Joaquin Sabater, Iñaki San Juan y Ramón Tomas i Riba.

El fiscal detalla que los implicados en esta presunta red corrupta se dedicaban a «obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV».