Barkos ha comparecido, a petición del PPN, en la comisión parlamentaria de Régimen Foral, donde ha afirmado: «Respecto al riesgo que los inversores han asumido, hasta donde sé, han sido convenientemente apuntados o avisados por la propia empresa».
La presidenta hacía así referencia al proyecto desarrollado por la empresa consistente en la implantación de unas máquinas de diagnóstico de la visión, denominadas EVA, proyecto que ha obtenido la calificación de «interés foral» y que ha sido objeto de diversos préstamos por parte de la empresa pública Sodena.
En este sentido, ha garantizado que en la información que se ofrece a todo aquel que desea invertir en dicho proyecto «se advierte específicamente del riesgo» de la operación.
Además, ha negado rotundamente que el Ejecutivo haya apoyado que los ciudadanos invirtiesen en la iniciativa «con desconocimiento del riesgo» que conllevaba.
«No hay margen ninguno para el temor de que este gobierno haya sido poco responsable, animando de una manera irresponsable a la ciudadanía a que, por medio de ‘crowdfunding’, participe en un proyecto como estos», ha zanjado.
En la sesión, ha explicado que la situación de Davalor «es la que es» y que «no existe una visión política» acerca de la misma. Además, se ha remitido a la información que el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ya aportó el pasado 19 de diciembre en comisión parlamentaria.
«De entonces a aquí han cambiado muy pocas cosas», ha advertido Barkos, que ha recordado que la situación es «delicada» y de «incertidumbre».
Según ha apuntado, existe un retraso en el cumplimiento de la primera fase del plan de viabilidad debido a que «las evidencias en el testeo de mercado no han cubierto las expectativas iniciales» y a que la captación de inversores privados fue «más lenta de lo previsto».
Barkos ha anunciado que el fondo especializado que había mostrado interés en invertir en el proyecto finalmente lo ha desestimado.
Sin embargo, «se han retomado las relaciones establecidas previamente con un inversor» interesado, quien ya habría firmado un contrato «para dotar a la empresa de liquidez necesaria para alcanzar el punto de equilibrio y soluciones financieras para el 100% de la deuda contraída».
«La situación financiera de la compañía es una posición delicada que no cambia de la noche a la mañana por la firma de un contrato con el nuevo inversor -ha añadido-. Hay que dar tiempo a los avances en la relación con el mismo».
La portavoz del PP, Ana Beltrán, ha señalado que aunque la empresa pública Sodena «tiene que asumir determinados riesgos, es obligación de cualquier gobierno intentar minimizarlos». «Llevamos dos años avisando del más riesgo del habitual que llevaba consigo esta operación», ha advertido.
En nombre de UPN, su portavoz, Javier Esparza, ha recordado que el consejero Ayerdi decidió invertir ayudas públicas en el proyecto de Davalor «sin informes técnicos favorables», una decisión «personal» que conlleva ciertas «responsabilidades políticas».
«Si finalmente el proyecto es un fracaso, de alguna forma el Gobierno ha sido cómplice», ha denunciado el regionalista, que ha considerado que «ninguna intuición o corazonada puede justificar una ayuda pública a una empresa».
Por su parte, Unai Hualde, de Geroa Bai, ha calificado como «irresponsable» el hecho de «generar ruido político» en la fase «más delicada de un proyecto, como es el acceso al mercado», debido a un interés «exclusivamente partidista».
«No me parece nada responsable que una persona como usted, de una formación política como la que representa, que se jacta tanto de velar por los emprendedores y empresarios de esta comunidad, utilice este tipo de cuestiones para el ataque parlamentario», ha replicado a la popular Ana Beltrán.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha asegurado que «nadie puede sentirse engañado ni pensar que porque el Gobierno de Navarra participara en este proyecto, las cosas fueran muy bien», tras asegurar que la formación seguirá de cerca la evolución del proyecto.
En nombre de Podemos, Mikel Buil ha pedido que se realice un «riguroso control» del proyecto por parte de Sodena, mientras que la portavoz del PSN, María Chivite, ha denunciado que no existe «ni un solo informe favorable que sustente la concesión de préstamos».
«Las apuestas personales se las paga cada uno de su bolsillo», ha reivindicado Chivite, que ha criticado la falta de «transparencia» existente en todo el procedimiento.
La portavoz socialista ha considerado que el Ejecutivo «ha actuado mal», por lo que «debería rectificar, salir de Davalor y asumir responsabilidades».
El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha afirmado que «no puede haber ciudadano que no sea plenamente consciente del carácter de riesgo de esa operación». Asimismo, ha criticado que se estén pidiendo responsabilidades políticas por un proyecto que todavía no se sabe «si va a ser fallido o no».
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