La cuestión de la tortura en Euskal Herria está en primer plano tras el informe de Lakua o la sentencia europea sobre el «caso Portu-Sarasola». Y en este contexto, EPPK ha hecho llegar a NAIZ un comunicado en el que reclama la anulación de todos los procesos judiciales contaminados por ella, recordando que es lo que establecen los manuales jurídicos para estos casos.

El comunicado del Colectivo, que GARA publicará mañana íntegramente, sitúa la tortura como una «herramienta de Estado» que no solo se ha impuesto a miembros de ETA, sino también a personas que militaron en otras organizaciones políticas que no practicaban la lucha armada.

Destaca sus efectos personales y políticos y se detiene especialmente en los jurídicos, para hacer hincapié en que «ha habido una colaboración imprescindible entre torturadores y jueces para imponer castigos de cárcel a muchos presos y presas políticas».

«La influencia de la tortura ha contaminado todo», expone EPPK, que cita «el terror» que ha extendido durante décadas entre los partidarios de la libertad de Euskal Herria.