La jueza Carmen Lamela ha procesado al exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por pertenencia a organización criminal y dos delitos de sedición, por las protestas del 20 y 21 de setiembre ante la Consellería de Economía en Barcelona y por la jornada del referéndum del 1 de octubre. La magistrada también ha procesado por organización criminal y un delito de sedición al exdirector de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, por la jornada del referéndum.

Junto a ellos, Lamela ha procesado a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, por las concentraciones del 20 y 21 de setiembre. A todos los ha citado el próximo 16 de abril a las 10.00, para notificarles el procesamiento y tomarles declaración indagatoria.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 sostiene en su auto de procesamiento que Trapero, Laplana, Puig y Soler, «pertenecen y han desempeñado sus actividades» como miembros de «una compleja y heterogénea  organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República Independiente, al margen de las vías legales, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario».

Según la jueza, para lograr esa secesión hubo un «reparto de papeles» entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles catalanas, dentro de una «estrategia premeditada y perfectamente coordinada» en la que se utilizó a los Mossos de forma «ilegal» el 20 y 21 de setiembre y el 1-O. La Policía catalana, según el auto, se mantuvo «al margen de cualquier actuación de la Policía y la Guardia Civil», y su conducta estuvo dirigida a «obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia». Para ello, afirma, siguieron «una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig».

Lamela concluye que estos tres formaban parte de «una organización criminal donde los procesados obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas» e integraban una organización jerarquizada «bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre».

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