La Audiencia Nacional ha condenado al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses años de prisión; a su número dos, Pablo Crespo, a 37 años y medio; al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses de cárcel, además de 44 millones de euros de multa, y al PP a pagar una multa de 245.492 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama de corrupción a través de sus exacaldes en Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda. Ortega ha sido condenado a 38 años y 3 meses, y Sepúlveda a 14 años y 4 meses.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que se ha dado a conocer hoy y consta de 1.700 folios impone una multa de 27.857 euros a la exministra de Sanidad y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato –a la que también responsabilizan como partícipe a título lucrativo– por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa.

Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, ha sido condenada a 15 años y un mes de prisión por utilizar, en connivencia con su cónyuge, procedimientos para ocultar sus propias rentas y las de su marido, ingresando una parte de ellas en efectivo en cuentas de su titularidad abiertas tanto en el Estado español como en Suiza y simulando haber obtenido ese dinero de las ventas de cuadros.

A Carmen Rodríguez, esposa de Correa, le han impuesto una pena de 14 años y 8 meses de cárcel.

Absueltos ‘El Bigotes’ y otros siete acusados

El tribunal ha absuelto a Álvaro Pérez Alonso, conocido como ‘El Bigotes’, y a otros siete acusados: Luis Valor San Román, exdirector del Ayuntamiento de Majadahonda; Jacobo Ortega Alonso, hermano de Guillermo Ortega; José Antonio Sáenz Jiménez, exconcejal de Pozuelo de Alarcón, y cuatro personas vinculadas a empresas de la trama: Carmen García Moreno, Antonio Martín Sánchez, Juan Ignacio Hernández Rodríguez e Inmaculada Mostaza.

‘El Bigotes’ está considerado el «hombre en Valencia» de Francisco Correa y responsable de Orange Market, filial valenciana de Special Events -empresa de eventos de Correa-, que obtuvo numerosos contratos públicos y actos electorales en la Comunidad Valenciana.

«Un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional»

En esta causa por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) se juzgó el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el Aayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros.

Los jueces consideran que los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

El tribunal cree acreditado que durante los años de esta primera época (1999-2005) se tejió entre el grupo de Correa y el PP una estructura de colaboración «estable y consistente» en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido en Madrid, Castilla y León, el Ayuntamiento de la capital, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y en Estepona.

Pero además, según la Sala, se creó «en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas».

El PP, caja B desde al menos 1989

La sentencia da por probado que el PP tenía una caja B desde al menos 1989, una estructura «financiera y contable paralela a la oficial» que se nutrió de aportaciones de la trama corrupta. Así, señala que parte de los fondos detraídos al erario público por la red de corrupción «sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada Caja B del partido».

Voto particular

La sentencia incluye un voto particular discrepante del magistrado Angel Hurtado, presidente del tribunal, que se opone a la condena al PP como partícipe a título lucrativo.

La Fiscalía pide vistillas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la celebración de vistillas para valorar el posible ingreso inmediato en prisión de un total de 16 condenados, que son los que han recibido penas más altas y no se encuentran actualmente ingresados en un centro penitenciario.

Se pedirá esta medida de ingreso en prisión para Luis Bárcenas, Guillermo Ortega, para el exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP Alberto López Viejo, para su esposa, Teresa Gabarra, y para Rosalía Iglesias, entre otros.