La Audiencia Nacional repite desde hoy el juicio contra Iñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria, y Saioa Sánchez por una acción en 2016 en una oficina del INEM en Bilbo. Los tres fueron condenados en su día a 15 años de prisión, pero el Tribunal Supremo anuló la sentencia de la Audiencia porque había rechazado en primera vista la prueba pericial sicológica propuesta por Zapirain en aplicación del Protocolo de Estambul para investigar su denuncia de tortura. Hoy sí ha sido practicada por dos peritos de la defensa.

Zapirain y Etxebarria han negado su participación en los hechos y han alegado que sus declaraciones autoinculpatorias se debieron a las torturas que sufrieron por la Guardia Civil al ser detenidos. Por su parte, Saioa Sánchez ha asegurado que cuando tuvo lugar esta acción ella ya se encontraba en el Estado francés.

Por su parte, dos guardias civiles han negado en el juicio las torturas alegadas por los acusados y dos abogados de oficio han manifestado que estuvieron presentes en sus declaraciones. Asimismo, el médico forense que les atendió ha indicado que durante los días en los que Zapirain y Etxebarria estuvieron detenidos antes de declarar en la Audiencia Nacional les atendía dos veces al día e informaba de estos reconocimientos diariamente al juez.

La defensa le ha preguntado qué hizo cuando Beatriz Etxebarria le aseguró que «le habían tratado de introducir un palo de escoba por la vagina» ante lo que el médico forense ha señalado que le indicó si quería ser explorada pero ella no dio su consentimiento.

Las dos especialistas que emitieron en 2016 el informe de la defensa que no fue admitido en el primer juicio han declarado que concluyeron que la denuncia de malos tratos de Zapirain es verosímil.

Los abogados defensores han pedido la absolución de los tres al estimar que la única prueba incriminatoria es la declaración de Zapirain ante la Guardia Civil y el juzgado que debe ser anulada ya que fue fruto de torturas y amenazas.

En octubre de 2014, el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español por no investigar la denuncia de torturas de Etxebarria.