Un centenar de presos de Martutene, que constituyen la mayoría de los reclusos que permanecen internos en régimen cerrado, ya que los que están en tercer grado no se verán afectados por esta medida, al poder cumplir sus penas en el nuevo CIS. Sin embargo, los presos en régimen cerrado serán trasladados a la prisión alavesa de Zaballa, según los planes que maneja el Ministerio español del Interior, algo a lo que se oponen «por motivos de arraigo social».

El documento también ha sido distribuido en el módulo de mujeres, donde la mayoría lo apoyó, aunque no lo han podido firmar, según han explicado fuentes próximas a los internos.

En este documento, los reclusos sostienen que «no se trata de si Zaballa está lejos o cerca, se trata de que está ubicada fuera del territorio». «Ni nuestras familias, personas allegadas o defensas podrán venir a vernos o a asistirnos con la misma asiduidad», indican.

Los presos consideran que esta decisión, que aún no es firme, «menoscaba» el principio de «arraigo social» recogido en el ordenamiento jurídico y también va en contra del «derecho a la defensa, recogido como derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución Española».

También subrayan que la «deslocalización» afectará a «un considerable número de trabajadores que de forma permanente o temporal dedican su tiempo a los objetivos encomendados en la Carta Magna, al efectivo cumplimiento de las penas y de la reinserción».

Los internos se dirigen al alcalde de Donostia, Eneko Goia, a quien achacan que su «único interés» es el desarrollo urbanístico. «El centro penitenciario de Martutene cuenta con alguna dificultad, sí, pero tal circunstancia no debe utilizarse de forma interesada para ocultar el único y verdadero interés del alcalde, el desarrollo urbanístico. Contemplamos con asombro que se sigue edificando sobre los eslabones más débiles de la sociedad», manifiestan.

«Tampoco entendemos, conociendo la gran antigüedad de las citadas dificultades, por qué ahora corre tanta prisa, si bien se disipan todas nuestras dudas cuando desde nuestras pequeñas ventanas divisamos cómo se alzan grandes bloques de hormigón», indican los presos firmantes.

Goia se refirió a este asunto el pasado martes, cuando dijo que «todo parece indicar» que Gipuzkoa dejará de tener cárcel porque en su lugar se construirá un centro de inserción social que, según dijo, ya cuenta con asignación presupuestaria, por lo que consideró que las obras deberían comenzar lo más rápido posible